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El Departamento de Justicia pidió que se levante la medida cautelar del juez de distrito Brian Murphy que protege a los inmigrantes
El Gobierno del presidente Donald Trump pidió el martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga para permitir la deportación rápida de migrantes a países distintos del de origen, sin que tengan la oportunidad de presentar reclamos de que temen ser perseguidos, torturados o asesinados.
El Departamento de Justicia pidió que se levante la medida cautelar del juez de distrito Brian Murphy que exige que los inmigrantes tengan la oportunidad de solicitar amparo legal contra la deportación antes de ser enviados a los llamados "terceros países", mientras continúa el litigio del caso.
El Gobierno dice que la orden judicial de Murphy está impidiendo miles de deportaciones pendientes.
La disputa surgió después de que el Departamento de Seguridad Nacional en febrero quiso determinar si las personas a las que se había otorgado protección contra la expulsión a sus países de origen podían ser retenidas y enviadas a otro.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes interpusieron una demanda colectiva en nombre de un grupo de inmigrantes que pretendían evitar una deportación rápida a terceros países sin previo aviso y sin la oportunidad de demostrar las consecuencias que podrían sufrir.
En marzo, el Gobierno publicó unas directrices que establecían que si un tercer país ha dado garantías diplomáticas creíbles de que no perseguirá ni torturará a los migrantes, las personas pueden ser deportadas allí "sin necesidad de más procedimientos".
Sin esa garantía, si el migrante expresa su temor a ser expulsado a ese país, las autoridades estadounidenses evaluarían la probabilidad de persecución o tortura, y posiblemente remitirían a la persona a un tribunal de inmigración, según las directrices.
Murphy emitió una orden preliminar en abril, al considerar que la política de "ejecutar expulsiones a terceros países sin notificarlo y sin dar una oportunidad significativa de presentar reclamaciones basadas en el temor" probablemente viola las garantías procesales previstas en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Por lo general, las garantías procesales exigen que el Gobierno notifique y dé la oportunidad de una audiencia antes de tomar ciertas medidas adversas.
El Gobierno ha dicho que su política cumple con los requisitos del debido proceso y que la orden del juez socava la "amplia competencia" del presidente en inmigración.
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La jueza también supervisa un litigio multidistrital relacionado, presentado por más de 2.600 personas, distritos escolares y gobiernos locales
