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Los magistrados sentencian que el primer ministro mintió a la Reina al solicitar la suspensión temporal de Westminster
En un dictamen que puede tener serias consecuencias políticas, la instancia judicial más elevada de Reino Unido ha fallado que el cierre del Parlamento británico forzado por el primer ministro Boris Johnson es ilegal.
Johnson justificó esta clausura de cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, por la necesidad de preparar una amplia batería de medidas de política doméstica para la próxima sesión legislativa. Así lo explicó a la Reina Isabel II, quien aceptó la suspensión de Westminster.
Pero varios parlamentarios y activistas denunciaron esa maniobra, al entender que el objetivo real de Johnson era evitar el escrutinio de la Cámara de los Comunes a su plan para implementar el brexit el 31 de octubre.
Tras varios fallos contradictorios en instancias menores, el Tribunal Supremo dictaminó hoy que las razones alegadas por Downing Street no eran reales y el Parlamento debe ser reabierto.
Johnson había prometido respetar el fallo, pero está por ver en que forma y manera. El presidente de los Comunes, John Bercow, podría intentar comenzar de nuevo las sesiones sin consentimiento del Gobierno.
Pese a que la sentencia implica que Johnson mintió a la Reina, el primer ministro no está dispuesto a dimitir por ello, aunque es probable que lo pida así la oposición política.
Según la sentencia, la suspensión del Parlamento ha impedido que el poder legislativo ejerza su función de control durante cinco de las ocho semanas previas al brexit. "No ha habido justificación de esta medida ante el Tribunal", reza la resolución.
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