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Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, cuestionó el martes la consolidación como solución a los problemas del sector, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la posibilidad de que se frustren, debido a las exigencias de las autoridades de la competencia, las dos integraciones previstas en Reino Unido (BT-EE y Telefónica-Hutchison) y la prevista en Italia, que uniría a Hutchison con Wind.
Andrus Ansip aseguró que la consolidación "no es necesariamente la respuesta" y que los operadores ya estaban invirtiendo en nuevas redes sin necesidad de fusionarse. "Relajar las normas de competencia no es la solución", señaló Ansip aprovechando una conferencia celebrada por el Financial Times y Etno, la patronal de las operadoras históricas. "La consolidación de la industria tampoco es necesariamente la respuesta", añadió.
Esta postura es una mala noticia para todas las fusiones en marcha, porque ya se conocía que la actual comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, no las ve con buenos ojos, pero se esperaba que los responsables directos de telecomunicaciones, es decir, Andrus Ansip y el comisario alemán Gunter Oettinger, fueran más favorables a la consolidación del sector. Las exigencias de Vestager hicieron fracasar la fusión de TeliaSonera y Telenor en Dinamarca, lo que disparó todas las alarmas. En Europa ya se han aprobado fusiones entre grupos de móviles que reducían el mercado de cuatro a tres operadores en países como Austria, Irlanda y Alemania, pero se produjeron durante el mandato del español Almunia como comisario de Competencia
La cotización de Telefónica ya sufrió la semana pasada las declaraciones de Sharon White, consejera delegada del regulador británico de telecomunicaciones Ofcom, que alertó del efecto negativo para los consumidores que puede tener la unión de los operadores móviles O2 y Three (marcas respectivas del grupo español y de Hutchison Whampoa en Reino Unido).
La venta de O2 UK, la filial de Telefónica en Reino Unido, al grupo hongkonés Hutchison es vital para la española porque necesita los cerca de € 14.000 millones que obtendría para bajar su abultada deuda y garantizar que el dividendo de 2016 de € 0,75 por acción se cobra íntegramente en efectivo como prometió.
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