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En tiempo récord y con una abrumadora mayoría, el Senado de Paraguay destituyó al presidente, Fernando Lugo, tras un juicio político impulsado por aliados y opositores.
En un proceso de solo dos días, el juicio determinó que el mandatario incumplió sus funciones al dejar que creciera la conflictividad social en el país, que tocó su punto máximo el viernes pasado cuando un choque entre campesinos y policías dejó 17 muertos.
Los legisladores acusaron formalmente a Lugo de no reaccionar como debía ante el sangriento enfrentamiento entre campesinos y policías la semana pasada.
En la lista de acusaciones también figuran temas menos rotundos como su apoyo a un mitin de jóvenes socialistas en un predio de las Fuerzas Armadas o no haberse mostrado decisivo en combatir al pequeño grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo, responsable de asesinatos y secuestros durante la última década, la mayor parte de ellos antes de que asumiera.
"Me están haciendo un golpe de Estado express porque lo han hecho entre noche y madrugada, se han puesto de acuerdo, nosotros decimos que es incluso anticonstitucional porque no se respeta el debido proceso", denunció Lugo, un ex obispo de 61 años, en una entrevista el jueves por la noche con Telesur.
Después de reunirse con el propio mandatario, legisladores, con el vicepresidente y la Corte Suprema, cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) respaldaron a Lugo y dijeron que Paraguay enfrenta la amenaza de una ruptura del orden democrático por la falta de garantías procesales para el presidente.
"Ojalá nos hubieran escuchado. Estamos ante una situación donde se está configurando un hecho que puede llevar a la ruptura institucional", dijo el canciller venezolano, Nicolás Maduro, a la prensa.
Los países sudamericanos aseguraron en un comunicado que la situación que se vive en Paraguay podría estar comprendida en las cláusulas democráticas del bloque, dejando abierta la puerta a estas naciones a no reconocer al sucesor de Lugo.
El liberal Federico Franco, el actual vicepresidente, que mantenía una relación tensa con Lugo, debe asumir la presidencia hasta agosto del 2013, según la Constitución local, en lo que se prevé provocará un vuelco en la orientación ideológica del Gobierno.
A estas hora, se reportan violentos disturbios en la ciudad de Asunción, en los alrededores del Congreso.
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