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Historial de las demandas de Google
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El gigante tecnológico es una de las empresas que más demandas ha enfrentado en este sector, que cada vez es más regulado por la privacidad de los usuarios y sus datos
Google, la compañía insignia de Alphabet, es un gigante tecnológico asentado en el top de las compañías más influyentes del mundo, cuya presencia domina la vida digital de miles de millones de usuarios en todo el mundo.
Las ganas por querer crecer ha llevado a la compañía por apostarle a maniobras empresariales en una delgada línea con la ilegalidad, lo que ha resultado en un acumulado de casi US$12.000 millones en sanciones judiciales desde 2017.
El gran poder de la compañía la ha puesto en la mira de reguladores y tribunales, que han dictado contra la empresa algunas de las sanciones más severas de la historia reciente de la industria. Desde Europa hasta Estados Unidos, las demandas se han acumulado en torno a tres ejes principales: el abuso de posición dominante, las violaciones a la privacidad y la manipulación de datos.
Las primeras sanciones vinieron desde Bruselas, donde el camino judicial de Google comenzó a tomar forma. En 2017, la Comisión Europea impuso una multa de US$2.700 millones por manipular los resultados de búsqueda y favorecer su comprador, Google Shopping, en detrimento de competidores.
Un año después, en 2018, llegaría la sanción más grande de su historia. Le ordenaron a la compañía pagar una sanción de US$4.900 millones por obligar a fabricantes de dispositivos Android a preinstalar su buscador y el navegador Chrome, un caso emblemático de abuso de posición dominante.
Ese mismo 2018, la compañía también enfrentó en Estados Unidos un golpe por la filtración de datos en Google+, su fallida red social. El acuerdo con accionistas y usuarios afectados ascendió a US$357.5 millones, confirmando que la gestión de información personal sería otro de los puntos débiles de su estrategia empresarial.
En 2019, Bruselas volvió a sancionar a la empresa, esta vez con US$1.700 millones, por incluir cláusulas restrictivas en los contratos publicitarios de AdSense que limitaban la competencia en el mercado digital, todo apuntando a maniobras ilegítimas por el control indiscriminado de las operaciones en un mercado creciente de manera exponencial en el momento de este escándalo.
El frente de la privacidad se vio golpeado tras los embates europeos. Google también comenzó a sentir el peso de las autoridades en este terreno y en 2022, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, Cnil, en Francia impuso una multa de US$174 millones por dificultar a los usuarios la posibilidad de rechazar cookies de rastreo.
“Esta orden coincidió con la necesidad de restablecer la competencia en este mercado, monopolizado durante mucho tiempo. Estamos analizando si la medida es suficiente para llegar al objetivo”.
“El caso contra Google nos ha demostrado el hecho de que nadie está por encima de la ley. En Europa, ninguna empresa, por más grande que sea, puede estar por encima de la ley”.
El verdadero golpe llegaría desde Estados Unidos en 2025. En mayo de ese año, el estado de Texas y una coalición de fiscales alcanzaron un acuerdo de US$1.375 millones con la empresa, tras acusarla de recolectar datos en modo incógnito, además de información biométrica y de ubicación sin consentimiento adecuado.
En julio, un jurado de California ordenó a la compañía pagar US$314,6 millones por recopilar datos celulares de usuarios incluso cuando los teléfonos estaban inactivos.
Apenas dos meses después de esta demanda, en septiembre, otro tribunal federal dictó una condena de US$425 millones, pero el estado de estas dos últimas demanda siguen en apelación.
Se comprobó que Google había almacenado información de millones de personas pese a que estas habían desactivado la función Web & App Activity.
Al sumar las ocho sanciones y acuerdos más relevantes contra Google, el monto total asciende a US$11.940 millones pagados, de los cual ya ha pagado US$11.199 millones. La cifra es una muestra contundente de cómo los tribunales y las autoridades regulatorias han buscado frenar las prácticas más agresivas de la compañía, tanto en el terreno de la competencia como en la protección de datos personales.
El último caso se resolvió esta semana, cuando el juez Amit Mehta ordenó que Google no estaría obligado de vender Chrome, pero si se vería forzado a compartir datos con sus rivales para abrir la competencia en las búsquedas en internet.
Aunque Google ha apelado o matizado varias de estas resoluciones, y en algunos casos ha logrado reducciones de multas en instancias judiciales y hasta ganado casos, lo cierto es que su historial legal refleja una constante de un comportamiento cuestionable en materia de abuso de posición dominante, las violaciones a la privacidad y la manipulación de datos.
Esta sentencia llega como resultado de una batalla legal de cinco años entre una de las empresas más grandes del mundo y Estados Unidos. En este proceso, los reguladores de competencia y los parlamentarios estuvieron mucho tiempo cuestionando el verdadero dominio que tienen las grandes tecnológicas, en especial Google en el mercado de los buscadores de internet.
El juez Mehta dictó el año pasado que Google tiene un monopolio ilegal en esta materia, pero en esta edición del caso, retractó sus acusaciones pasadas y optó por medidas más correctivas.
Este fallo supone una gran victoria para Google, quien se enfrenta a una gran amenaza de herramientas en el negocio de la IA cada vez más populares, como ChatGPT, de OpenAI, que ya están erosionando el dominio de que ha tenido Google por casi 25 años.
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