Sacyr reconoce que será muy difícil que gane dinero con la ampliación del Canal de Panamá

Así, el grupo aspira a recuperar la mayoría de las provisiones que han ido realizando en los últimos años, que ascienden a unos US$500 millones y, de esta manera, recuperar pérdidas de años anteriores, según explicaron este martes a los periodistas distintos responsables de Sacyr en la obra del tercer juego de esclusas de la vía interoceánica.

"Va a ser muy difícil que este proyecto gane dinero", dijo Fernando Pardo, representante de Sacyr en el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), quien agregó que el objetivo es "retrotraer pérdidas".

Coste total del proyecto

GUPC, en el que además de Sacyr participan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, estima en US$5.581 millones el coste del proyecto. "Es la suma total de cuánto hemos pagado", señaló José Peláez, project director de Sacyr.

Por su parte, director general Internacional de Sacyr, José Manuel Loureda, puso en valor que pese a las dificultades y los problemas que se han tenido que afrontar, y que han supuesto numerosas reclamaciones, la obra se ha completado con éxito.

Loureda señaló, también, que la resolución de conflictos es algo normal en las obras de infraestructuras, y expuso que en la ampliación del Canal se han abordado cuestiones "complejas desde el punto de vista técnico", como la calidad del basalto, la existencia de fallas que no estaban prevista, las condiciones geotécnicas de los suelos, además de cambios de normativa en el país que implica mayor coste, las huelgas o lluvias catastróficas.

Reclamaciones

El precio del contrato con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) asciende a US$3.192,7 millones, a lo que se unen US$465 millones adicionales por las reclamaciones por sobrecostes que ya se han reconocido. Estos alrededor de US$3.600 millones son de "seguro" cobro.

Además, GUPC tiene reclamaciones interpuestas por un valor de US$2.846 millones en las tres instancias que se recogen en el contrato: la primera en la ACP, la segunda en la Junta de Resolución de Disputas (DAB, por sus siglas en inglés) y la tercera en la CCI, un tribunal de arbitraje con sede en Miami.

Para que el consorcio no pierda dinero sería necesario que se reconocieran, al menos, US$1.900 millones de las reclamaciones que quedan pendientes.

Loureda defendió que Sacyr ha sido "conservador" y se ha cubierto en los últimos años, planteando que las reclamaciones que se podrían recuperar serán menores de lo "razonable". "Lo normal es que en los próximos años lo que lleguen sean recuperación económica porque las pérdidas las dimos en el pasado".

Por otra parte, hay también una reclamación respecto a la fecha de entrega de la obra. En un principio se fijó un periodo de 1.883 días (5 años y dos meses) para la ejecución de la obra, lo que supondría entregarla en octubre de 2014.

Sin embargo, finalmente se entregará el 31 de mayo de 2016. El consorcio había reclamado que se necesitaban 554 días más de los previstos por las distintas dificultades que han ido surgiendo, de los que, por ahora, se han reconocido como legítimos 200 días.

Tribunal de arbitraje

La DAB y el tribunal de arbitraje, según acordaron GUPC y la ACP a principios de 2014, serían los encargados de determinar cuál debía ser la fecha de entrega de la obra.

Estas instancias aún no se han pronunciado, por lo que podrían determinar que el plazo es posterior al 31 de mayo de este año, lo que supondría para el consorcio haber cumplido antes de plazo y tendría derecho a una compensación de unos US$50 millones.

Las partes acordaron fijar finales de 2018 para completar todos los procesos de resolución de conflictos, aunque no es un compromiso oficial, y Sacyr trabaja con un calendario de que este tema se extienda hasta 2020.

A día de hoy 4.300 empleados del consorcio están trabajando en la obra. Una vez se entregue, quedará pendiente una "lista de remates" que supondrá que sigan en Panamá unas 400 personas durante cuatro meses.

Además, las obligaciones de mantenimiento rutinarios acordadas durante tres años supondrá a otras 200 personas, y la desmovilización de todas las plantas industriales que se han puesto en marcha para la ejecución de la obra necesitará de otros 200 trabajadores.