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Sus detractores sostienen que el glifosato, ingrediente clave del producto, plantea riesgos inaceptables para el medio ambiente y la salud
Bayer sigue luchando en los tribunales contra antiguos usuarios de Roundup que afirman que les causó cáncer
Pocos productos químicos han causado tanta controversia como el popular herbicida Roundup de Bayer AG. Sus defensores afirman que ha contribuido a alimentar al mundo transformando los rendimientos agrícolas. Sus detractores sostienen que el glifosato, ingrediente clave del producto, plantea riesgos inaceptables para el medio ambiente y la salud. Cuando en noviembre la Unión Europea decidió renovar la autorización del glifosato por otros 10 años, los Estados miembros se mostraron divididos al respecto y se impusieron nuevas condiciones para su uso. Mientras tanto, Bayer sigue luchando en los tribunales contra antiguos usuarios de Roundup que afirman que les causó cáncer.
Utilizado desde hace casi cinco décadas, el glifosato está presente en cientos de pesticidas. La agricultura representa la mayor parte de la demanda mundial, aunque los jardineros domésticos también lo utilizan. El producto químico se utiliza principalmente para combatir las malas hierbas, pero también ayuda a los cultivos a secarse y madurar. Las malas hierbas muertas dejan de estar disponibles para los insectos y otros animales pequeños como hábitat y fuente de alimento, lo que afecta a la biodiversidad. Como su uso se ha disparado, se han encontrado trazas de esta sustancia química en alimentos como cereales de desayuno y galletas, y también se han detectado residuos en el agua, el suelo, las bebidas y la orina humana. El glifosato representó un tercio del mercado total de herbicidas en la UE en 2017, el último año disponible. Bayer insiste en que el producto es seguro.
El glifosato fue declarado un probable carcinógeno humano en 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, un brazo de la Organización Mundial de la Salud. Eso provocó una avalancha de demandas, muchas dirigidas a Bayer, que compró al fabricante de Roundup Monsanto Co. por US$63.000 millones en 2018. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha mantenido desde al menos 2017 que el glifosato "no es probable" que sea cancerígeno. La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos volvió a decir el año pasado que clasificarlo como carcinógeno no está justificado, y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria publicó una nueva revisión en julio en la que dijo que no encontró "áreas críticas de preocupación" que hicieran que el producto no fuera seguro para el uso público. No obstante, señaló que sigue habiendo lagunas de información en ámbitos como la dieta de los consumidores y las plantas acuáticas, y que existe un "alto riesgo a largo plazo para los mamíferos en 12 de los 23 usos propuestos". Ante estas conclusiones contradictorias, cerca de dos tercios de los encuestados en un sondeo de IPSOS realizado en agosto se mostraron partidarios de prohibir el glifosato. La encuesta se realizó en Dinamarca, Francia, Alemania, Polonia, Rumanía y España por encargo de un consorcio de activistas ecologistas, la Pesticide Action Network Europe.
En una reunión de Estados miembros celebrada en octubre, ni los partidarios ni los detractores lograron una mayoría cualificada, lo que significa que al menos 15 países representan como mínimo a 65% de la población del bloque. Lo mismo ocurrió en el Comité de Apelación en noviembre, dejando en manos de la Comisión Europea la decisión ejecutiva. La mayor economía de la UE, Alemania, se abstuvo en las votaciones de octubre y noviembre, al igual que la segunda, Francia. Ambas han apoyado la retirada progresiva del glifosato para proteger la biodiversidad. Preocupa el riesgo de que el producto químico se desplace a zonas adyacentes, donde puede dañar otras plantas y pequeños mamíferos herbívoros.
El 16 de noviembre, la Comisión decidió renovar la licencia, que expira a mediados de diciembre, por otros 10 años. Las nuevas condiciones incluyen la prohibición del uso como desecante antes de la cosecha y medidas para proteger a los organismos no objetivo. La Comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, declaró ante el Parlamento Europeo el 4 de octubre que habrá un "escrutinio permanente".
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