Psoe y Sumar pactan reducir la jornada laboral y cierran acuerdo para formar Gobierno

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Psoe y Sumar han ratificado hoy un acuerdo programático para reeditar una legislatura más un Gobierno de coalición que incluye el pleno empleo como hoja de ruta y contempla la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, subir otra vez el salario mínimo profesional (SMI) y regular el despido, entre otras medidas.

Psoe y Sumar han formalizado el acuerdo programático de Gobierno después de que ayer quedase prácticamente cerrado en una reunión mantenida entre Sánchez y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Ambos, han ratificado este acuerdo en un acto público en un acto público a las 13:00 horas. "Lo que prometimos en campaña lo vamos a cumplir", ha señalado Díaz tras la firma del acuerdo, "de la mano de los agentes sociales".

Ambas formaciones avanzaban esta mañana en un comunicado conjunto que el pacto incluía "ambiciosos avances" en materia laboral como la reducción de jornada sin reducción salarial e implementar de forma inmediata un plan de choque contra el desempleo juvenil" y también contempla la regulación del despido. Otras de las medidas avanzadas es la de llevar a cabo una reforma fiscal "justa" que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público", por lo que se mantendrán los impuestos en este sentido.

El contenido del acuerdo es programático -describe las líneas de acción de un nuevo Ejecutivo- y no contempla aspectos como la estructura que tendría el Gobierno o el reparto de carteras, asuntos que se abordarán más adelante.

En esta línea, Psoe y Sumar apuntan que serán prioritarios el objetivo del pleno empleo a la vez que se tramitarán la mencionada reducción de jornada laboral sin reducción salarial, un aspecto sobre el que ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ponía ayer en segundo término de la lista de prioridades tras "acabar con el paro y lograr el pleno empleo efectivo".

La postura sobre la jornada laboral ha sido el principal escollo que mantenían para culminar el acuerdo, señalaban anoche fuentes de la negociación a Europa Press, una requisito que estableció Susana Díaz, que propuso el pasado mes de junio reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales ya en 2024 y seguirla bajando progresivamente hasta las las 32 horas semanales.

Si bien todavía no se ha especificado esta propuesta en concreto en el adelanto programático, se prevé que la jornada máxima baje por ley desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 y después el diálogo social abordará posibles rebajas ulteriores, según adelantó anoche el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una entrevista en TVE.

"Queríamos una reducción a 37,5 horas y eso va a quedar reflejado de una manera muy clara en el acuerdo, y seguir también en el diálogo social para seguirla reduciendo", aunque no habló de fechas concretas en las que la ley entraría en vigor.

"Vamos a ganar tiempo para la vida, la política sirve para eso. Para convertir esta legislatura en la del tiempo de la vida, para cuidarnos y ser felices, reduciendo la jornada laboral sin reducir el salario", ha explicado Díaz, quien ha destacado que lo harán junto a los agentes sociales.

Sumar ha informado en otro comunicado que se añade la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada Ley Mordaza, la reforma de la financiación territorial, el desarrollo de la ley de vivienda para la regulación de los alquileres, la subida del salario mínimo para que no se pierda poder adquisitivo y una ley de cuidados.

El plan también incluye el refuerzo de la sanidad pública que contempla la reducción de las listas de espera y ampliar la cartera de servicios "para que ir al dentista no sea un lujo", ha apuntado Díaz y la universalización de la educación de 0 a 3 años al final de la legislatura, para que todos los niños puedan acceder al sistema público educativo a partir de los 2 años de edad. También se ampliarán los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas desde las 16 actuales.

En materia de vivienda, la coalición se compromete a aumentar el parque público de vivienda hasta que alcance el 20% del parque total de viviendas y regulando los precios de los alquileres en las zonas tensionadas. Además, ha avanzado que "se va a poner en marcha algo que quedó pendiente: la regulación de los alojamientos turísticos para que las ciudades y las viviendas sean lugares para vivir y no "productos para especular".

"La vivienda es un derecho constitucional", ha señalado Sánchez, algo no percibido por muchas capas sociales, ha señalado Sánchez, que ha incidido en que la desigualdad social descansa en parte en la imposibilidad de acceder a la vivienda".

En lo que respecta al medio ambiente, cambio climático y defensa de la biodiversidad, el nuevo Gobierno revisará al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático para adelantar la reducción de gases de efecto invernadero a 2030. Díaz ha defendido también la necesidad de proteger el medio ambiente con parte central de la economía y, para ello, ha anunciado que el Gobierno va a "acabar con los vuelos cortos de dos horas y media cuando haya alternativa en tren".

Legislatura de cuatro años

El pacto apuntala una legislatura durante cuatro años, aseguran ambas formaciones, y permitirá a España "seguir creciendo de manera sostenible y con empleo de calidad, desarrollando políticas basadas en la justicia social y climática, y ampliando derechos, conquistas feministas y libertades". "Cuatro años más de progreso y de convivencia", ha apuntado Sánchez.

"Se da respuesta así al claro mensaje que lanzó la ciudadanía en las elecciones del pasado 23 de julio: el rechazo a un gobierno de la derecha y la ultraderecha en España, y el mandato de seguir avanzando en derechos y libertades". Sánchez ha defendido que su mandato se basará en "una defensa a ultranza de los principios constitucionales" para asegurar la igualdad y la diversidad de los ciudadanos de los distintos territorios que conforman el país.

PSOE y Sumar aspiraban a culminar el acuerdo antes de que acabase octubre, y las agendas de Sánchez y Díaz obligaba a acelerar la negociación. Sánchez tiene como fecha límite el 27 de noviembre para ser investido o habría elecciones el 14 de enero.

Una vez alcanzado este acuerdo programático, ahora los órganos del PSOE y los militantes deben avalar el pacto cuyas negociaciones han estado encabezadas por la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en representación de Sumar. Sánchez debe conseguir ahora el apoyo de otros partidos que incluye el respaldo de los independentistas catalanes con la amnistía en el centro de esas conversaciones.

El portavoz de Sumar insistió anoche durante la entrevista con TVE en el mensaje de que todavía no se ha abordado la cuestión del organigrama de gobierno y los nombres de los ministros. Y, ante los recelos de Podemos, que ayer tachó de "insuficiente" el contenido que se estaba negociando, confirmó que "los partidos que forman parte de Sumar han estado informados en todo momento de la negociación" y aseguró que "las cuestiones que hemos acordado muchas son grandes objetivos que teníamos como espacio político y compartimos todos en campaña".

Urtasun no entró a especular sobre la fecha de la investidura de Sánchez y se limitó a constatar que hay "una negociación en marcha" con Juntos, ERC y el resto de "socios parlamentarios", y aseguró que las conversaciones "avanzan de forma razonable" y que en Sumar son "optimistas". "Creemos que va a haber investidura", dijo.