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Los críticos ven el impulso del gobierno como una amenaza a la independencia de la corte y un intento de golpe legal
Las protestas contra la reforma judicial del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no dieron señales de disminuir el sábado, a pesar de que el asediado primer ministro la suspendió esta semana, ya que decenas de miles de personas salieron a las calles para exigir que se elimine por completo.
Acosado por la agitación interna y las expresiones de preocupación y desaprobación en Washington, Netanyahu detuvo el lunes la reforma para permitir negociaciones sobre un compromiso entre su coalición nacionalista religiosa y los partidos de oposición.
“No creemos nada de lo que sale de la boca de Bibi (Netanyahu). Creemos que es solo un truco político destinado a detener la protesta”, dijo Emanuel Keller, de 30 años, en una protesta frente a la residencia presidencial israelí que alberga las conversaciones.
Uno de los principales puntos de discordia es el impulso de la coalición gobernante para obtener más poder en el nombramiento de jueces, incluso para la Corte Suprema.
Los críticos ven el impulso del gobierno como una amenaza a la independencia de la corte y un intento de golpe legal. Los defensores dicen que está buscando un banco menos elitista e intervencionista.
Netanyahu, en juicio por cargos de corrupción que él niega, dice que se necesitan reformas para equilibrar las ramas del gobierno. Su partido Likud y sus aliados políticos de extrema derecha han estado llamando a su base política a realizar contramanifestaciones.
Los medios israelíes estimaron que más de 150.000 personas asistieron a las protestas antigubernamentales en todo el país el sábado, la mayor en el centro comercial de Tel Aviv.
“Vamos a ganar porque esto no es algo con lo que podamos vivir. No podemos vivir en un estado que no sea democrático”, dijo Limor Moyal, en la manifestación de Tel Aviv.
El líder conservador Friedrich Merz moderó a principios de esta semana sus críticas a los Verdes para mantener abiertas las opciones de coalición
Dichos cambios “pueden considerarse como violaciones al T-MEC y alimentar la intención de Estados Unidos de realizar enmiendas sustanciales”
Las principales modificaciones son en los plazos de implementación. En ese sentido, la propuesta plantea un plazo de 180 días en la entrada en vigor de las nuevas disposiciones