Proponen ampliar a ocho años los mandatos del gobernador del Banco de España

El comité de expertos para analizar la posible actualización de la ley de autonomía del Banco de España propone alargar los mandatos de gobernador y subgobernador a ocho años, la posible creación de un segundo subgobernador y la delimitación concreta de las funciones que el primer subgobernador debería tener asignadas.

El consejo del Banco de España ha recibido el informe del comité de expertos creado para analizar posibles cambios tanto en la legislación sobre la autonomía del Banco de España como en otros aspectos referidos al funcionamiento interno de la institución. La recepción del documento no implica que el consejo haga suyas todas las iniciativas y recomendaciones que se proponen, pero si se señala desde el máximo órgano de control de la institución la profesionalidad y dedicación que Joaquín Vial, Rosa Lastra y Daniel Innerarity han llevado a cabo en los casi nueve meses que ha durado su trabajo. El informe ha sido discutido entre los redactores y los consejeros hasta que ha sido recibido formalmente por el consejo.

Entre las cuestiones más debatidas se encuentra la duración de los mandatos de gobernador y subgobernador que actualmente son de seis años improrrogables y que, además, cesan en sus puestos al término de esos seis años sin posibilidad de mantenerse en ellos interinamente hasta que se nombre a los sustitutos. Los expertos mantienen la improrrogabilidad de los mandatos, pero consideran que convendría ampliar el mandato a ocho años, para igualarlo al de los consejeros ejecutivos del Banco Central Europeo.

En el informe se propone que las funciones del gobernador y del subgobernador se definan más concretamente de manera que no haya controversias. Hasta la llegada de José Luis Escrivá al puesto de gobernador, este tenía amplias competencias en cuestiones relacionadas con la política monetaria, al formar parte del consejo del BCE, y el subgobernador se especializaba en la supervisión bancaria, siendo el representante del Banco de España en el Mecanismo Único de Supervisión del BCE.

Escrivá modificó este reparto de competencias y, manteniendo todo lo relacionado con la política monetaria, asumió al tiempo la supervisión, aunque a las reuniones del MUS no asiste él, sino que lo hace la directora general de supervisión, Mercedes Olano. Los expertos consideran que la antigua separación de tareas es más apropiada y por ello proponen regresar a ella.

Precisamente por esta separación clara de tareas es por lo que los expertos proponen la posibilidad de que haya un segundo subgobernador cuyas funciones esenciales consistirían en sustituir al gobernador si este, por la razón que fuera, no pudiera cumplir con sus obligaciones.

En aras de una mayor autonomía del Banco de España respecto al Gobierno, que es actualmente quien nombra a sus máximos responsables, el comité propone que dichos nombramientos acaben teniendo un cierto respaldo del Congreso de los Diputados. Hoy, el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, nombra al gobernador y es el Ejecutivo quien designa tanto al subgobernador como a los consejeros electos del Banco de España. El ministro de Economía tiene la obligación de explicar al Congreso las razones de la elección del gobernador. Del resto no recibe ninguna información.

Lo que se propone es que el Congreso refrende de alguna manera todos esos nombramientos y que tanto el gobernador como el subgobernador y los consejeros deban comparecer para poder someterse a un examen completo que les proporcione si no el voto favorable, si al menos cuenten con la no oposición a sus nombramientos. Sería trasladar al Banco de España lo que ahora ocurre con los responsables de la Cnmc, y en menor medida de la Cnmc.

Una última cuestión referida también a los máximos órganos del Banco de España es el hecho de que el máximo responsable del Tesoro y el vicepresidente de la Cnmc, son miembros del consejo general del Banco de España en razón de los cargos que ocupan. Hay quien considera que este hecho, al ser nombrados por el Gobierno para esos puestos, puede limitar la independencia del Banco de España ya que los dos tienen voz y voto en el consejo general. La idea sería que, o bien dejaran de forma parte del consejo o que, si se mantuvieran, tuvieran voz, pero no voto.

En todo caso todos estos cambios necesitarían la modificación de la ley de autonomía del Banco de España, algo que, en las circunstancias actuales, parece muy difícil de que se produzca dada la actual configuración del Congreso.