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Juan Francisco Torres Landa, socio del despacho legal Hogan Lovells BSTL, aseguró que es legalmente posible y contextualmente deseable que se modifiquen los términos para la siguiente fase, sin cambios a nivel de ley o reglamento sino simplemente en los cálculos de Hacienda.
“Vimos una buena participación, siete empresas presentaron ofertas serias. Dos adjudicaciones fueron exitosas, sólo se podría pensar en cambios legales si comenzáramos a ver licitaciones completamente desiertas”, dijo.
Según él, la Secretaría de Hacienda debe tomar nota de lo sucedido y ajustar a detalle los mínimos de participación del Estado para la siguiente licitación de cinco contratos de producción compartida también en aguas del Golfo de México, calculándolos campo por campo y no mediante uno o dos parámetros únicos.
Participantes del diseño de esta primera fase aseguraron a este diario que analizarán las posibilidades de modificar los mínimos de inversión establecida por la Secretaría de Hacienda, ya que hasta el 14 de agosto se publicarán las bases y contrato finales de la segunda licitación de contratos de producción compartida.
Para David Atherton, ejecutivo de AON México, el principal riesgo que se debe atender es conseguir que los recursos mexicanos no pierdan el atractivo.
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