Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrá seguirá con sus operaciones gracias a pagos de los países miembros y a millonario préstamo

Sofía Solórzano C - lsolorzano@larepublica.com.co

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tuvo una crisis económica preocupante que llevó a sus dirigentes a cuestionarse si era necesario un cese de actividades.

La problemática se dio por múltiples deudas por parte de los países miembros. Sin embargo, el panorama cambió para bien, pues hace unos días al organismo se le autorizó un préstamo por US$300.000 que le permitirá seguir operando.

El presidente (encargado) del Tribunal, Hugo R. Gómez Apac, habló con LR sobre el panorama del organismo.

Luego de que se anunciara el posible cese de actividades del Tribunal, ¿cómo reaccionaron los países de la Comunidad Andina?

La pandemia del covid-19 ha afectado significativamente a las economías de los países miembros de la Comunidad Andina, poniéndolos en una situación difícil en lo relativo al pago de sus aportes obligatorios a favor del presupuesto del Tjca.

No obstante ello, y como un reflejo claro del compromiso que dichos países tienen hacia el proceso de integración subregional andino y su órgano jurisdiccional, hace unos días, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (Camre) y la Comisión de la Comunidad Andina (los ministros de Comercio Exterior) autorizaron a la Secretaría General de la Comunidad Andina (Sgca) un préstamo a favor del Tjca por US$300.000.

LOS CONTRASTES

  • Julio Alejandro Maya AmadorDirector JMaya Abogados S.A.S

    “Frente a la realidad mundial, apartarse del buen rumbo que llevan las distintas naciones de integrarse, sería como la caída de una torre de Babel para la región”.

¿Algunos países ya pagaron sus deudas?

Colombia está prácticamente al día. El préstamo antes mencionado cubre temporalmente los aportes de Ecuador y Bolivia correspondientes a 2019.

Por tanto, a la fecha, 2 de setiembre de 2020, Perú, Ecuador y Bolivia están debiendo únicamente las cuotas correspondientes al primer semestre del presente año.

¿Qué le había impedido al Tribunal Andino aumentar su presupuesto desde 2008?

Le corresponde a la Comisión de la Comunidad Andina emitir una decisión que actualice dicho presupuesto en función de la inflación acumulada en estos 12 años (más de 40%), el incremento de la carga procesal (que se ha cuadruplicado), las nuevas obligaciones asumidas por el Tribunal (las dietas de los Magistrados suplentes, las obligaciones laborales de los empleados locales regidos por la legislación ecuatoriana), entre otros factores.

¿Se aumentará el presupuesto del Tribunal? ¿Por qué no se ha hecho?

El Tjca ha explicado al Camre y a la Comisión las razones objetivas que justifican el incremento de su presupuesto. Estos órganos legislativos de la Comunidad Andina están analizando dichas razones y en su momento tomarán una decisión al respecto.

¿Cree que este préstamo soluciona el problema?

Este préstamo, más el pago reciente de US$89.000 por parte de Colombia, permitirán extender la continuidad operativa del Tjca por cerca de cuatro meses. Estamos seguros que en este tiempo encontraremos conjuntamente con los países miembros una solución que permita asegurar la sostenibilidad económica del Tjca en el largo plazo.

¿Qué otras medidas tomará el Tribunal para que no vuelva a repetirse una crisis como esta?

Los representantes de la Comisión y el Camre han manifestado el compromiso de los países miembros de pagar de manera puntual su aportes al Tjca. Si esto ocurre, no volverá a repetirse la coyuntura crítica por la que atravesó el Tjca.

¿Cuáles son los riesgos de un cese de operaciones?

Debemos evitar el cese de operaciones del Tribunal. Ello afectaría a los cientos de ciudadanos andinos que tienen procesos judiciales en trámite: acciones de incumplimiento, acciones de nulidad, interpretaciones prejudiciales y demandas laborales.

¿Cómo está el panorama del Tribunal ahora?

El Tjca continuará, como lo ha venido haciendo todo este periodo de la pandemia, con la resolución de las controversias en trámite, la emisión de interpretaciones prejudiciales y la fijación de criterios interpretativos que permiten la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario para beneficio de los más de 111 millones de ciudadanos.