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El lunes, ofrecería una rueda de prensa a medios nacionales, y en la noche regresaría nuevamente a Brasilia. Esta sería la primera visita que haría a Colombia.
En un comunicado de la Embajada de Brasil en Colombia, se anunció que la mandataria llegaría al país a cumplir una agenda con fuertes fines económicos y comerciales. Estaba planeado un encuentro con cerca de 200 empresarios brasileños y colombianos sobre las oportunidades de ampliar los flujos comerciales y de inversión.
Aunque aún no está confirmado, se espera que Rousseff agende nuevamente su visita a Colombia para el 9 de octubre.
La presidenta ha hecho importantes anuncios esta semana, en medio de la crisis económica. Ayer, prohibió los retrasos en los pagos por préstamos bancarios solicitados por el Gobierno, antes de una decisión de la corte sobre los incurridos el año pasado, lo que podría servir como argumento para un juicio político en su contra. El decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial, prohíbe retrasos del Gobierno de más de cinco días en el cumplimiento de pagos de préstamos de entidades financieras.
La decisión tiene lugar en momentos en que Rousseff enfrenta una posible impugnación por acusaciones de que infringió la ley de responsabilidad fiscal del país al retrasar sistemáticamente los pagos a prestamistas brasileños por el anticipo de dinero para pagar programas sociales, como el seguro por desempleo. El retraso en los pagos hizo que las cuentas fiscales del país parecieran mejores a lo que eran realmente antes de las elecciones presidenciales de 2014.
Así mismo, Rousseff, anunció el viernes la eliminación de ocho ministerios, de 39, al quitar las carteras de menor peso y fusionando otras, como las del Trabajo y la Seguridad Social, y el Ministerio de Derechos Humanos con el de la Igualdad Racial y el de Asuntos de la Mujer, para reducir el gasto del Gobierno.
Rousseff dijo también que los salarios de los ministros serían reducidos en 10% y que los gastos de las carteras se recortarían en un quinto, lo que se lograría con la eliminación de 3.000 puestos.
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