Gran Bretaña admite que tendrá que pagar la factura de salida de la Unión Europea

Que Reino Unido haya reconocido esto posiblemente sea una medida que trate de evitar un conflicto de grandes dimensiones sobre la factura de la salida de la UE en las conversaciones que se mantendrán la semana próxima.

Los negociadores se preparaban para una ronda de conversaciones el lunes, los pasivos de salida de Gran Bretaña -estimados por la UE entorno a US$1114.121 millones en cifras brutas- se estaban convirtiendo en uno de los puntos más importantes. Con la salida de Gran Bretaña prevista para marzo de 2019, los negociadores de ambos lados temían que una prolongada suspensión sobre el dinero desperdiciara un valioso tiempo

''Hubiera sido un verdadero problema si no hubiéramos hecho progresos en el arreglo financiero" dijo un diplomático de la UE involucrado en el proceso Brexit.

El Gobierno de Theresa May presentó el jueves en el Parlamento el llamado proyecto de ley de la Gran Derogación, que convertirá en británicas las leyes comunitarias una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE).

"Es una de las piezas de legislación más importantes que jamás se hayan aprobado en el Parlamento", afirmó David Davis, ministro para el Brexit. La pieza legislativa ha sido un trámite formal ya que el proyecto será debatido en otoño, una vez que los partidos evalúen su contenido y decidan si presentan enmiendas.

El proyecto es clave en el proceso del "brexit", si bien la oposición ha adelantado su intención de dificultar su aprobación a través de la presentación de enmiendas, especialmente relativas a salvaguardar los derechos de los trabajadores.

En ese sentido, el Gobierno ha confirmado con este proyecto que no tiene intención de incorporar a la legislación británica la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2009), algo a lo que los laboristas ya habían indicado que se van a oponer.

El Gobierno ha subrayado no obstante que tiene intención de que el Reino Unido siga siendo miembro de la Convención Europea de los Derechos Humanos, de 1953, por lo que considera que abandonar la carta fundamental no tendrá un impacto significativo.

Una vez aprobada, la ley revocará el Acta de Comunidades Europeas de 1972, que autorizó en su día el ingreso -en 1973- del Reino Unido en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

En concreto, el objetivo de esta legislación es permitir que las mismas normativas comunitarias que se aplican actualmente en el Reino Unido continúen al día siguiente de la fecha oficial de retirada del país del bloque europeo, con el objetivo de dar tranquilidad, certeza y continuidad a empresas y trabajadores.

Para sacar adelante este proyecto, May, que gobierna en minoría, tendrá que depender del apoyo de los diez diputados del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, después de que perdiera la mayoría absoluta en las elecciones del 8 de junio.

Con motivo de esta publicación, el ministro británico para la salida de la UE, David Davis, dijo hoy que este es uno de los más importantes proyectos de ley que entran en los Comunes y admitió que espera "trabajar con todos" para concretar el "brexit".

"El proyecto de ley permitirá que podamos salir de la Unión Europea con la mayor certeza, continuidad y control. Es por lo que el pueblo británico votó y es lo que vamos a hacer. Asegurar que las decisiones que afectan nuestras vidas sean tomadas en el Reino Unido", afirmó el llamado ministro del "brexit".

El Partido Laborista ha adelantado que no apoyará el proyecto de ley, a no ser que cumpla una serie de condiciones, entre las que destaca la protección de los derechos de los trabajadores en Reino Unido. El jefe de los liberal demócratas, Tim Farron, también ha avanzado sus planes de introducir cambios para conseguir un "Brexit suave".