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Los 53 procedimientos fueron autorizados por la Corte Suprema, responsable de juzgar los casos que involucran a políticos con cargos vigentes, en la trama delictiva que le costó más de US$2.000 millones en pérdidas a la petrolera.
"Las medidas son necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, siendo que algunas son para garantizar la aprehensión de bienes adquiridos mediante una posible práctica delictiva y otras para resguardar pruebas relevantes que podrían ser destruidas en caso de no ser incautadas", dijo el procurador de la República, Rodrigo Janot, en un comunicado.
Collor, que renunció a la presidencia poco antes de que el Congreso votara su destitución por corrupción, calificó de "invasiva y arbitraria" la operación, que a su juicio busca "alimentar el clima de terror y persecución para intimidar a futuros testigos", según un comunicado de su defensa divulgado en su cuenta de Twitter.
"La medida invasiva explica los tiempos en que vivimos, en que un estado policial procura imponerse menoscabando las garantías individuales, sea un expresidente, un senador de la república o un simple ciudadano", añadió.
Los allanamientos se realizaron tanto en su residencia en Brasilia como en la de Alagoas (noreste), estado que representa en el Senado, y al igual que los restantes procedimientos, tuvieron como "objetivo principal evitar que pruebas importantes sean destruidas por los investigados", explicó la policía en un comunicado.
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