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El consejo de supervisión de Audi expresó el mes pasado su apoyo a Stadler, que ha dirigido la división desde 2007, a pesar de las críticas por su gestión del escándalo.
La fiscalía de Múnich dijo que su investigación estaba relacionada con la venta de alrededor de 80.000 vehículos diésel de Audi en Estados Unidos entre 2009 y 2015, bajo sospechas de que estaban equipados con dispositivos para manipular las pruebas de emisiones.
Las ventas en los mercados europeos no forman parte de la investigación, dijo la fiscalía en un comunicado. Según Audi, los registros se iniciaron en sus oficinas de Ingolstadt y Neckarsulm, donde el fabricante tiene en total 60.000 empleados, alrededor de las 08:00 hora local (06:00 GMT), dijo un portavoz de Audi.
Audi admitió en noviembre de 2015 que sus motores diésel V6 de 3,0 litros estaban equipados con dispositivos de control de emisiones considerados ilegales en Estados Unidos. Estos registros judiciales son los primeros desde que estalló el escándalo de Volkswagen (VW) en septiembre de 2015.
Paralelamente, Volkswagen dijo que los fiscales también estaban registrando sus oficinas de la sede de Wolfsburgo.
"Con estas órdenes de registro, buscamos aclarar en particular quién estuvo implicado en la utilización de la tecnología en cuestión y en la entrega de información falsa a terceros", dijo la Fiscalía de Munich en un comunicado el miércoles en el que no identificó sospechosos.
Estas noticias coinciden con la publicación de los resultados anuales de Audi, que mostraron un desplome de 37% en su ganancia operativa a US$3.294 millones y una caída del margen sobre ventas al 5,1%, desde 8,3% de 2015.
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