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Perú, Chile, México y otros países latinoamericanos reaccionaron con voces de protesta, incluso algunos anunciaron que pueden retirar a los embajadores que se encuentran en Venezuela.
El presidente de Perí, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que “es inaceptable lo que ocurre en Venezuela”, además la cancillería de ese país anunció que va a retirar “de manera definitiva” al embajador.
En Twitter la Cancillería declaró que “El Gobierno de Perú condena la decisión del TSJ de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la AN, arbitraria medida que vilenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático”.
Por su parte, el Gobierno mexicano también expresó su preocupación en un comunicado, en el cual detalló una “profunda preocupación por las recientes decisiones del TSJ que afectan a la Asamblea Nacional de ese país.
Además, el Gobierno de México ha insistido en que Venezuela debería convocar unas nuevas elecciones y liberar los presos políticos.
Michelle Bachelet, presidenta de Chile, reaccionó por medio de Twitter y dijo que “en América Latina, debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades”.
Entre tanto, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, anunció que el gobierno decidió llamar de inmediato a informar a su embajador de Venezuela sobre el agravamiento de la situación.
Colombia no se ha quedado atrás y la canciller María Ángela Holguín, también se refirió al tema agregando que la medida del Tribunal “lo único que hace es profundizar esa crisis que vive Venezuela”.
Finalmente, el Gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado cada una de estas declaraciones.
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Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras también se verán afectados, así como sus familiares inmediatos; quienes cuenten con el programa tienen hasta el 14 de enero para obtener un estatus legal
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