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El abogado defensor del expresidente peruano alega que los delitos por los cuales fue imputado no se alcanzaron a materializar
La defensa del expresidente peruano, Pedro Castillo, anunció que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para subsanar las “irregularidades” que considera que rodean el caso a un año del fallido golpe de Estado que lo hizo terminar en prisión.
Tras un año cumpliendo prisión preventiva afirmó en una reciente audiencia del Tribunal Constitucional (TC) que sus palabras sobre la conformación de un ejecutivo de emergencia eran parte de un discurso político y que el plan que pronunció no era ejecutable.
El expresidente cumple prisión preventiva por dos casos distintos, 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión, y por otro lado, cumple 36 meses por supuestos casos de corrupción y pertenencia a organización criminal cuando ocupaba el cargo.
”Los delitos que se le imputan, rebelión y conspiración y el delito contra el orden público y abuso de autoridad son delitos que no se dan en los hechos”, afirmó el abogado defensor, Eduardo Pachas a EFE.
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La firma trabaja codo con codo en este ámbito junto a Uría Menéndez, el despacho elegido como asesor legal desde el inicio del proceso