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Citgo enfrenta desafíos en sus finanzas y administración después de que el gobierno de EE.UU. impusiera sanciones a la petrolera.
La petrolera estatal venezolana Pdvsa está dando pasos para reemplazar al menos a dos ejecutivos estadounidenses de la junta directiva de su filial Citgo Petroleum Corp, basada en Houston, según fuentes cercanas a la decisiones.
Citgo enfrenta desafíos sin precedentes para sus finanzas y administración después de que el gobierno de Estados Unidos impuso duras sanciones a Pdvsa la semana pasada, planeadas para evitar que el presidente Nicolás Maduro reciba los ingresos por las ventas de petróleo de ese país.
Estados Unidos y decenas de países se han negado a reconocer a Maduro, por considerar fraudulenta su reelección el año pasado para gobernar el país por un nuevo sexenio.
El líder opositor y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, está creando cuentas bancarias con la ayuda de Estados Unidos para tener acceso a los ingresos por exportaciones, incluyendo las ventas a Citgo, el principal activo de Venezuela en el extranjero.
Maduro ha señalado a Guaidó como un títere de Estados Unidos que busca dar un golpe de Estado.
La junta directiva de Citgo incluye al menos a dos ciudadanos estadounidenses, Art Klein y Rick Esser, así como a los venezolanos Asdrúbal Chávez, Frank Gygax, Nepmar Escalona, Simón Suárez y Alejandro Escarrá, según una persona familiarizada con el asunto.
Citgo también tiene un directorio ejecutivo más amplio, conformado además por otros vicepresidentes, un tesorero y controlador corporativo, entre otros cargos.
Pdvsa y Citgo no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Esser y Klein no contestaron a llamadas telefónicas, ni respondieron a correos enviados por Reuters para comentar sobre su situación en la filial.
No estaba claro si la junta directiva de Pdvsa en Caracas había aprobado los cambios del directorio de Citgo y quienes reemplazarían a los ejecutivos estadounidenses.
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El Gobierno también dijo que había comunicado a la delegación estadounidense que Cuba no supone una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.
