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Según el Gobierno, el aumento del 7,6% en la población carcelaria nacional el año pasado, hasta alcanzar las 35.454 personas, se debe a un mayor número de arrestos y a condenas más largas
Tras la muerte de cientos de reclusos ecuatorianos en motines carcelarios en 2021 y 2022, el presidente Daniel Noboa convirtió el restablecimiento del orden en las cárceles en uno de los pilares centrales de su estrategia de seguridad al asumir el cargo por primera vez en 2023.
Si bien el gobierno ha frenado drásticamente el número de motines, las cifras reveladas por una investigación de Reuters muestran que los fallecimientos en cárceles están alcanzando niveles no vistos desde el punto álgido de los disturbios.
Las muertes de reclusos casi se cuadruplicaron interanualmente en 2025 debido tanto a la violencia como a causas naturales, incluyendo un brote de tuberculosis, según las cifras obtenidas por Reuters a través de una solicitud de acceso a la información al Ministerio del Interior. Los decesos atribuidos únicamente a la violencia también subieron en más de cuatro veces con respecto al año anterior.
De los 1.220 reclusos fallecidos en 2025, al menos 206 perdieron la vida durante enfrentamientos entre bandas criminales y otros actos de violencia, frente a los 46 del año anterior, según las cifras. Este fue el número más alto desde 2021, cuando perecieron 328 presos por violencia.
La demás muertes del año pasado se atribuyeron a enfermedades, suicidios y otras causas indeterminadas, lo que representa un aumento del 256% con respecto a las 285 registradas en 2024. El gobierno no ha publicado cifras comparables para 2021, 2022 ni 2023.
Ni la oficina de Noboa ni el organismo penitenciario SNAI respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el aumento de los fallecidos durante 2025.
En su respuesta a la solicitud de acceso a la información, el Ministerio del Interior afirmó que el marcado aumento de muertes, "incluso en comparación con períodos históricamente críticos como 2021", podría, "sin un contexto técnico adecuado", crear "percepciones distorsionadas de la gestión institucional".
El ministerio no respondió a una solicitud independiente para que explicara a qué se refería con el contexto técnico.
Los motines carcelarios fatales fueron casi algo frecuente en Ecuador en 2021 y 2022, a medida que las prisiones del país se convertían en un microcosmos de un aumento generalizado de la violencia relacionada con el narcotráfico que sacude al país.
Controlar los presidios es un objetivo principal de la agenda de seguridad de Noboa. El heredero de una fortuna empresarial ha apostado su legado por la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, que han aumentado en América Latina en los últimos años, inspirando la elección de presidentes con mano dura contra la delincuencia, desde Costa Rica hasta Chile.
Noboa puso a militares a cargo de ciertas penitenciarías, está construyendo nuevas cárceles que, según él, son mejor equipadas para manejar a delincuentes violentos y ha transferido a algunos presos de alto perfil. Su administración afirma que estas medidas han reducido la violencia en comparación con años anteriores.
El Gobierno reconoce el hacinamiento en las cárceles y afirma que está respondiendo a los problemas de salud con pruebas de detección de enfermedades y atención médica oportuna.
Sin embargo, las cifras de muertes revelan un panorama sombrío de las condiciones carcelarias.
Familiares de reclusos y organizaciones de derechos humanos locales denuncian violencia, abusos, tuberculosis agravada por el hacinamiento, atención médica insuficiente y falta de alimentación adecuada. Aspectos que, según afirman, se han visto exacerbados por las estrictas condiciones impuestas como parte de la intervención militar.
El Gobierno afirma que las operaciones militares han desmantelado operaciones criminales dentro de las cárceles, incluyendo cargamentos de drogas, extorsión y planificación de atentados contra políticos y funcionarios, y que han cerrado discotecas e incluso una piscina privada dentro de las prisiones que antes disfrutaban los líderes de las bandas criminales.
Sin embargo, las autoridades también enfrentan un hacinamiento del 30,6% en los centros penitenciarios para adultos. Los de detención juvenil no estaban sobrepoblados en 2024, según datos oficiales, pero alcanzaron un nivel de hacinamiento del 15,3% en 2025.
Según el Gobierno, el aumento del 7,6% en la población carcelaria nacional el año pasado, hasta alcanzar las 35.454 personas, se debe a un mayor número de arrestos y a condenas más largas. Dice que muchas celdas están inutilizables debido a los daños causados por los disturbios, lo que obliga a los reclusos a hacinarse en menos espacios.
"Nos estamos ateniendo, en estos momentos, a la crisis de salud, crisis de alimentación y estas denuncias de familiares respecto a presuntos malos tratos y torturas que habrían recibido por parte de miembros de las fuerzas militares", declaró Rodrigo Varela, secretario de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
Varela añadió que su oficina ha remitido varias denuncias a la Fiscalía sobre las condiciones de los reclusos.
Aunque Noboa se ha resistido a las comparaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, famoso por una estrategia penitenciaria que grupos de derechos humanos han denunciado como abusiva, ha publicado imágenes similares a muchas compartidas por el líder centroamericano: reclusos con la cabeza rapada, vestidos de naranja y sentados en filas apretadas, mientras soldados armados y enmascarados observan.
"No estamos siguiendo ni el manual de Bukele ni el de (presidente de Argentina, Javier) Milei; estamos lidiando con la realidad de Ecuador", declaró Noboa a CNN en Español en una inusual entrevista el año pasado, añadiendo que las nuevas cárceles son la respuesta al hacinamiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en diciembre para los 7.000 reclusos de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa de Ecuador, citando un informe del Gobierno que enumera 564 muertes en el centro entre enero y septiembre 2025, incluyendo 550 clasificadas como naturales o indeterminados.
El ministro del Interior, John Reimberg, ha vinculado los casos de tuberculosis al hacinamiento, pero no ha explicado sus orígenes ni proporcionado datos sobre las infecciones.
Seis familiares de reclusos entrevistados por Reuters afirmaron que la presencia militar ha empeorado las ya precarias condiciones, incluyendo la extorsión entre los reclusos.
"Muchas de las veces no son amotinamientos, son presos que están alzando la voz porque se están muriendo o están agonizando", dijo Ana Morales, coordinadora de los familiares de los reos, cuyo hijo está en la Penitenciaría del Litoral. "Es falta de humanidad por parte de los militares y deshumanización de parte del Estado ecuatoriano".
Todos los familiares denunciaron la falta de alimentos y los registros de celdas, donde los militares destruyen sus pertenencias.
"Tenemos el rebrote no solo de la tuberculosis sino también del abuso de los militares", declaró Stefany Salinas, cuyo esposo está preso por homicidio en la cárcel de El Rodeo, en Manabí. "No nos oponemos a que les hagan requisas, a lo que nos oponemos es al maltrato, les rompen todo, les botan los objetos personales".
El SNAI y el Ministerio de Defensa no se pronunciaron sobre las acusaciones. Reimberg ha afirmado que todas las cárceles cuentan con alimentos, pero muchos reclusos prefieren intercambiarlos por drogas.
El Gobierno comenzó a mover a cientos de presos para desmantelar el control de las bandas en ciertas instalaciones a finales de 2025, y alrededor de 900 reclusos fueron trasladados solo en enero, según informó el SNAI en un comunicado reciente.
Los reclusos considerados de alta peligrosidad, incluidos los cabecillas y el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, fueron trasladados a El Encuentro, una nueva prisión de máxima seguridad construida por Noboa, con capacidad para 800 personas. El Gobierno planea construir una instalación similar para más de 15.000 reclusos, cuya finalización está prevista para 2027.
El Encuentro, ensalzado por el Gobierno como modelo, no permite visitas de abogados ni familiares y en él se mezclan miembros de diferentes bandas criminales, recluidos en celdas de cuatro en cuatro.
A los presos no se les permiten almohadas, porque pueden ser utilizadas como armas, dijo Reimberg al canal de televisión Ecuavisa.
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