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Muerte del expresidente Alan García desata una tormenta política en Perú por Odebrecht

jueves, 18 de abril de 2019

Hasta el momento, ya son dos los expresidentes peruanos capturados como medida preventiva (Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski).

Johnny Giraldo López - jgiraldo@larepublica.com.co

Las investigaciones sobre el caso Odebrecht, que tienen temblando a las cúpulas de los gobiernos latinoamericanos desde hace tres años, avanzan rápidamente en los órganos judiciales en uno de los episodios más escabrosos en Perú.

Hasta el momento, ya son dos los expresidentes peruanos capturados como medida preventiva (Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski), un exmandatario prófugo de la justicia (Alejandro Toledo), otro con privación de libertad (Ollanta Humala) y el quinto, Alan García, ayer optó por suicidarse antes de ser arrestado y ser sometido a un juicio. Con estos personajes, Perú ha sido uno de los peores sinsabores que ha dejado el entramado de corrupción de la brasilera Odebrecht en la región, la cual aceptó en diciembre de 2016, según publicó el periódico El Comercio, que pagó más de US$ 29 millones (la cifra llega hasta US$45 millones) en sobornos a funcionarios, empresarios y políticos peruanos, y aportes a campañas electorales.

Además de tener a cinco expresidentes de la república involucrados en el caso Lava Jato, de hecho, uno de ellos tuvo que renunciar por las acusaciones que le hicieron (PPK), la crisis política que se ha desatado en Perú ya suma 38 pesquisas y más de 250 investigados.

Esta crisis política, que comenzó desde que Ollanta Humala recibió el poder de manos del Congreso, se agrava con la muerte de García.

“La situación que está atravesando Perú es penosa para todos los sectores, pues se traslada también al campo judicial y legislativo. El último nombramiento de Pedro Chávarry como Fiscal General de la nación deja muchas dudas sobre el avance de los procesos”, dijo Avelino Guillén, exfiscal superior de Perú.

Además de la proclamación del Fiscal, que llega después de la destitución de uno en funciones, se suman otras acusaciones por corrupción a figuras de peso como la heredera de Fujimori (Keiko Fujimori) en el Congreso Nacional. De acuerdo con las investigaciones, la parlamentaria habría recibido sobornos por US$1,2 millones mientras estaba en funciones y fue cómplice de los más de 20 proyectos que adjudicó su padre en los años 90.

“La detención preventiva en contra de Keiko Fujimori está bien sustentada y los procesos corresponden al código penal del país. Además de recibir sobornos, se le acusa de lavado de activos por medio de una organización criminal y tiene amplios criterios para investigar”, añadió el exfiscal superior.

Con estas imputaciones, se agrava la crisis del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (PAP), que es aliado de Fuerza Popular, el que preside Fujimori. Según estos grupos, en el país se quiere orquestar un golpe de estado contra el orden constitucional y culpan al mandatario en funciones, Martín Vizcarra, miembro del Partido Peruano por el Kambio.

“Más que asustado, este parece un acto de desesperación. No sé por qué este tipo de conducta. Acá lo que ha surgido es una nueva generación de jueces y fiscales que tienen una vocación por la justicia y están dispuestos a entregar su mejor trabajo con la finalidad de que se acabe la impunidad”, agregó Guillén.

Los hechos apuntan a una guerra entre el ente investigador y el partido PAP, que presidía García. En horas de la tarde, cuando los congresistas visitaron el cuerpo de García en el Hospital Casimiro Ulloa, varios dijeron que la culpa es de la Fiscalía, por incurrir en capturas de manera abusiva sin tener las pruebas necesarias. “Este es el resultado de un pérfido, malévolo y abusivo atropello de una Fiscalía que puede meter preso a quien le da la gana”, manifestó en las puertas del hospital Luis González Posada, funcionario del PAP.

Para devolverle la credibilidad al Legislativo y al mismo gobierno, el país prepara una serie de enmiendas al Congreso para acabar los vicios políticos. Incluyen un registro de visitas transparente y una reducción sustancial de los ingresos a parlamentarios.

“Ninguno de estos cambios tendrán un impacto si es que el elenco estable del Congreso de la República continúa emitiendo declaraciones tan infelices como las que han proferido”, dijo José Alejandro Godoy, politólogo de la Escuela de Gobierno.

Se espera que la comisión técnica que evalúa los cambios enfrente grandes batallas en el Congreso, no obstante, han recibido el apoyo mayoritario de la opinión pública que ya no sabe en qué facción política confiar.

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