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"Un estancamiento en el impulso a las reformas podría amenazar su implementación y colocar una presión negativa sobre la calificación", dijo la agencia en un comunicado.
Brasil se vio sumergido esta semana en una nueva crisis política luego de reportes de prensa que indicaron que el presidente Temer consintió un soborno a un potencial testigo en una investigación sobre un vasto esquema de corrupción.
Los mercados brasileños se desplomaron el jueves y la bolsa de Sao Paulo se hundió un 8,8%, en su peor jornada desde la crisis financiera del 2008, aunque el viernes el índice Bovespa recuperaba parte de esas pérdidas.
Temer dijo el jueves que no renunciaría a su cargo.
Fitch mantiene calificación de Brasil con perspectiva negativa
Por su parte la agencia de calificación crediticia Fitch mantuvo hoy la nota de deuda soberana de Brasil en “BB” y dijo que el panorama negativo asignado refleja la constante incertidumbre que rodea a la recuperación económica del país, ante los casos de corrupción que asedian al Gobierno del presidente Michel Temer.
La agencia sostuvo que la calificación de Brasil continúa bajo la presión de la debilidad estructural de sus finanzas públicas, el elevado desempleo y la creciente carga de deuda del Gobierno, además de los débiles prospectos de crecimiento del PBI.
“La atmósfera política sigue siendo desafiante, aunque las reformas y la inercia han cedido en los últimos meses”, sostuvo Fitch Ratings en un comunicado.
El presidente Temer desafió el jueves a sus críticos y dijo que no renunciará, pese a que el principal tribunal judicial del país autorizó que se lo investigue por las acusaciones de que consintió el soborno de un posible testigo en una gran pesquisa por corrupción.
La investigación aviva la posibilidad de que Brasil pueda ver la caída de un segundo presidente en menos de un año y provocó el derrumbe de los mercados financieros del país sudamericano por las dudas de que el Congreso pueda aprobar la ambiciosa agenda de austeridad de Temer.
La firma de Trump en el proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado a principios de semana, hará que los trabajadores federales paralizados por el cierre de 43 días vuelvan a sus puestos de trabajo
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