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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Perú.
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“Mantener la credibilidad de las políticas y la fortaleza institucional es clave para la calidad crediticia soberana”, refiere la calificadora de riesgo
En menos de dos semanas, los peruanos deberán ir a las urnas para la segunda vuelta electoral. Los dos candidatos presidenciales, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), se encuentran en extremos opuestos del espectro político y presentan propuestas muy diferentes.
Frente a esto, en un último informe de Moody’s Ratings, se menciona: “La segunda vuelta plantea interrogantes sobre la continuidad de las políticas, la estabilidad institucional y la adhesión al actual marco económico, pilares que siguen sustentando la estabilidad macroeconómica y respaldando el perfil con grado de inversión de Perú“.
Como resultado, los efectos de las elecciones sobre la calidad crediticia soberana dependen menos de las métricas macroeconómicas a corto plazo, que se mantienen ampliamente sólidas, y más de las implicaciones para la fortaleza institucional y la credibilidad de las políticas.
“El potencial de cambios en las políticas macrofinancieras y en la regulación de la industria conlleva el riesgo de que los inversores y las empresas retengan capital a la espera de mayor claridad, un escenario negativo desde el punto de vista crediticio”, destaca.
“Mantener la credibilidad de las políticas y la fortaleza institucional es clave para la calidad crediticia soberana”, refiere la calificadora de riesgo.
Por ello, considera, una victoria del candidato de JP tendría mayor probabilidad de provocar cambios de política y un impulso a favor de reformas constitucionales, lo que podría debilitar la confianza de los inversores, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la fortaleza fiscal.
Contrariamente, una presidencia de Fujimori, subraya, probablemente mantendría las políticas macroeconómicas, el marco constitucional vigente y la salud financiera del Gobierno, “lo que supondría un resultado más estable desde el punto de vista crediticio”.
Aun así es enfática: “Independientemente de quién resulte elegido presidente, la falta de una coalición mayoritaria en el Congreso complicará los esfuerzos por impulsar cambios”.
A lo dicho, se suma que la creciente demanda de mayor gasto social y desembolsos adicionales aprobados por el Congreso de la República sin fuentes de ingresos que los compensen, junto con el apoyo recurrente a Petroperú, “complicarán la capacidad de cualquiera de los dos gobiernos para reducir el déficit fiscal de acuerdo con los objetivos de la regla fiscal”.
Sin embargo, una victoria de Fujimori ofrece bases más sólidas para la consolidación fiscal, incluyendo objetivos explícitos de déficit a mediano plazo y una mayor probabilidad de impugnar iniciativas de gasto del Congreso fiscalmente costosas aprobadas desde 2023, prevé la calificadora.
Las próximas elecciones presidenciales introducen mayor incertidumbre para las decisiones de gasto de capital corporativo de Perú, particularmente en un escenario en el que prevalezca Sánchez. Si bien la liquidez corporativa general sigue siendo adecuada y los riesgos de refinanciamiento son manejables en el corto plazo, “la persistente incertidumbre política tiene el potencial de limitar el acceso a los mercados de capitales e incrementar los costos de endeudamiento”.
Moody’s resalta que la previsibilidad de las políticas es especialmente importante para los sectores minero y energético.
Aquí, nuevamente, se pone foco sobre Sánchez. Para la calificadora, de incrementar la intervención del Estado y modificar la regulación también tienen el potencial de debilitar la confianza, lo que reduciría el acceso al financiamiento o incrementaría sus costos, en particular en sectores intensivos en capital como la minería y la energía.
“Es probable que las empresas posterguen grandes decisiones de gasto ante la posibilidad de cambios impuestos por el Gobierno en el entorno operativo si Sánchez gana y avanza con sus propuestas de campaña”, enfatiza.
En el caso de las empresas estatales, Petroperú representa un área clave de riesgo crediticio.
“El respaldo de Sánchez a una mayor participación del Estado en sectores estratégicos sugiere que es poco probable la venta de activos o la conformación de empresas conjuntas con operadores privados para gestionar activos clave, con una mayor probabilidad de que continúen las medidas de reestructuración o los subsidios impulsados por el Gobierno”, alerta.
Por el contrario, Fujimori ha propuesto una reestructuración más orientada al mercado, centrada en las actividades de refinación y distribución, que incluye la venta de activos, el reenfoque operativo y la posible separación del Oleoducto Norperuano para mejorar la eficiencia y contener los riesgos fiscales, aunque con sus propios desafíos de ejecución.
Históricamente, la política ha pasado por alto a las empresas reguladas de infraestructura. Estas serían, por ejemplo, aquellas de distribución y redes de gas natural, transmisión y generación eléctrica, y concesiones de transporte y saneamiento.
Estas empresas, dice Moody’s, al igual que las de otros sectores, han acelerado refinanciamientos en períodos anteriores de incertidumbre política y potencial volatilidad de mercado.
“Esperamos que hagan lo mismo en este ciclo electoral. Además, los mecanismos regulatorios para las tarifas de electricidad y gas natural se han mantenido estables y, en gran medida, aislados de la intervención política. Los mecanismos de transferencia de costos también les proporcionan previsibilidad del flujo de efectivo a las empresas de infraestructura. Todos estos son atributos favorables desde el punto de vista crediticio“, destaca.
Los sólidos fundamentos de los bancos les ayudarán a absorber cualquier volatilidad derivada de las elecciones.
Esto incluye cualquier fluctuación en el valor de la moneda peruana o en el apetito de los depositantes por la moneda, así como cualquier desaceleración en la expansión del crédito derivada de una menor confianza empresarial y endeudamiento. Las propuestas promercado de Fujimori son favorables para los bancos, mientras que el enfoque más intervencionista de Sánchez probablemente pese sobre la inversión y la demanda de crédito.
Moody’s analiza que los bancos peruanos se encuentran en una posición de fortaleza, respaldados por una mejora en la calidad de los activos, sólida rentabilidad y amplios colchones de capital. Una amplia cobertura de reservas respalda la resiliencia, a medida que el crédito se expande gradualmente hacia los segmentos de consumo y de pequeñas y medianas empresas, mipyme.
La sólida liquidez y el apoyo del Banco Central de Reserva del Perú, Bcrp, también ayudan a contener una posible volatilidad asociada a las elecciones, incluyendo fluctuaciones cambiarias o la dolarización de los depósitos.
El principal canal de transmisión del riesgo, reconoce Moody’s, sigue siendo el macroeconómico.
“La incertidumbre política podría debilitar la confianza empresarial, retrasar la inversión y desacelerar el crecimiento del crédito, en particular en segmentos de mayor riesgo como las pymes, justo cuando el crédito en estas carteras comenzaba a recuperarse y, al mismo tiempo, provocar aumentos temporales en las provisiones", apunta.
No obstante, el sólido marco institucional de Perú, que incluye al Bcrp, al regulador y las reglas fiscales, considera la calificadora, proporciona un ancla que debería limitar la disrupción sistémica incluso en un escenario político más volátil.
Desde el lado de Fuerza Popular, las propuestas, considera Moody’s, son favorables para los bancos, al enfatizar la independencia del Bcrp, la digitalización de los servicios y transacciones gubernamentales, y la formalización de las pymes mediante programas unificados y esquemas de financiamiento ampliados.
“Estas medidas probablemente profundizarían la intermediación financiera, respaldarían el crecimiento del crédito y aumentarían la generación de comisiones a través de un mayor volumen de transacciones digitales. La inversión en infraestructura y la simplificación regulatoria reforzarían aún más la demanda de préstamos”, considera.
Por el contrario, el programa de Sánchez apunta a un enfoque más intervencionista. Las políticas para ampliar el rol del Banco de la Nación en hipotecas y construcción, así como el apoyo para posibles cambios en el liderazgo del Bcrp, podrían incrementar la incertidumbre en materia de políticas. “Propuestas más amplias, incluidas una mayor intervención del Estado y reformas constitucionales, podrían pesar sobre la inversión y la demanda de crédito”, puntualiza.
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