En Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas funcionan 90 albergues, pero son insuficientes para alojarlos

El Economista - Ciudad de México

Actualmente entre 35.000 y 40.000 migrantes extranjeros se encuentran varados en ciudades fronterizas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y representan una de las comunidades altamente vulnerables durante la fase crítica de la propagación de la pandemia del covid-19.

La mayoría son personas que han sido devueltos a México por el gobierno de Estados Unidos, con base a los lineamientos del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) puesto en marcha por el vecino país del norte el 29 de enero de 2009.

Durante el año pasado fueron devueltos a territorio mexicano 61,000 personas, al amparo de esa disposición, en espera de que las cortes estadounidenses decidan si les concede o no el asilo político o residencia humanitaria.

De acuerdo con el "Documento de Contingencia. Poblaciones vulnerables ante Covid-19", elaborado por El Colegio de la Frontera Norte, si bien los flujos tradicionales de migración mexicana indocumentada han disminuido drásticamente durante los últimos años, al pasar de 750,000 personas en 2008 a 45,000 en 2017, esos movimientos de personas han sido reemplazados por la llegada de deportados y, más recientemente, por los solicitantes de asilo a Estados Unidos.

El informe señala que, en los últimos cinco años, las ciudades fronterizas recibieron más de 200,000 mexicanos residentes en Estados Unidos, que fueron deportados y más de un millón de migrantes de otros países, principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Haití, que llegaron hasta la frontera con la intención de entrar a Estados Unidos.

Debido al endurecimiento de política migratoria estadounidense, en las últimas dos décadas se ha incrementado las deportaciones de los extranjeros indocumentados que se encuentran en ese país. Las detenciones de centroamericanos por las autoridades migratorias estadounidenses crecieron exponencialmente y pasaron de 223,000 en 2018 a 607,000 en 2019.

Eso explica que haya un incremento en los tiempos de espera y el número de personas en tránsito, quienes residen temporalmente en las ciudades fronterizas en condiciones de incertidumbre, inestabilidad y frecuentemente con precariedad.

El documento señala que todos esos migrantes están atrapados en la frontera norte del país, sujetos a una inmovilidad forzada, y que, con el avance de la pandemia del Covid-19 acentúa su condición de vulnerabilidad.

Eso se traduce en retos importantes para las instituciones de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que operan albergues para migrantes.

De acuerdo con El Colef, hasta el mes pasado, funcionaban a lo largo de la frontera internacional 90 albergues. Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez concentran el 70% de la capacidad instalada de esos lugares. 42 están en Baja California (31 en Tijuana y 11 en Mexicali) y 16 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Todos ellos tienen una capacidad para albergar 11,523, personas, lo que quiere decir que una buena cantidad de migrantes tendrá que buscar un lugar para pasar la noche y comer en hoteles, las llamadas cuarterías y otros sitios, porque simplemente en esos lugares no encuentran espacio.

Ante la imposibilidad de atender a los migrantes, autoridades estatales han demandado ayuda de la federación. Hace unos días, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca indicó que tan sólo en esa entidad, Nuevo León y Coahuila hay más de 25,000 migrantes extranjeros varados.

Hasta finales del año pasado, en Baja California había poco más de 10,700, y si bien cuando comenzó a extenderse la pandemia algunos regresaron a sus países antes de que cerraran sus fronteras, una buena cantidad sigue varada en la frontera.

Ante esa situación, el estudio de El Colef concluye que es necesario otorgar permisos migratorios humanitarios a las personas que, estando en los albergues carecen de documentos para identificarse, desplazarse y gestionar acceso a servicios.

Asimismo, abastecer a esos lugares con material de aseo personal, material de limpieza y cubrebocas, así como asegurarse de que cuenten con jabón, gel desinfectante, bolsas de basura y pañuelos desechables.

También pide capacitar a las personas que atienden los albergues con los protocolos básicos de higiene y distanciamiento social y establecer protocolos de sanitización de dormitorios y comedores.

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