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La administración del presidente extendió el Estatus de Protección Temporal para 600.000 venezolanos y más de 200.000 salvadoreños
La administración del presidente Joe Biden extendió el Estatus de Protección Temporal para 600.000 venezolanos y más de 200.000 salvadoreños en Estados Unidos, apenas 10 días antes de que Donald Trump asuma el cargo prometiendo tomar medidas enérgicas contra la inmigración.
La extensión permite a los migrantes permanecer 18 meses más, dijo el viernes el Departamento de Seguridad Nacional, citando el gobierno “inhumano” del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien juró el mismo día su tercer mandato de seis años. El DHS también emitió protecciones para unas 100.000 personas de Ucrania y 1.900 de Sudán.
La decisión de extender el TPS, que protege a los inmigrantes de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos, cumple con una promesa de Biden de proteger a las personas que él y otros consideran entre las más vulnerables. La medida también impide cualquier intento de la administración entrante de Trump de gestionar y potencialmente poner fin a las protecciones para algunos de esos mismos grupos.
“El presidente Trump hará uso de todos los poderes federales y se coordinará con las autoridades estatales para instituir la mayor operación de deportación de delincuentes ilegales, narcotraficantes y traficantes de personas en la historia de Estados Unidos, al tiempo que reducirá los costos para las familias y fortalecerá nuestra fuerza laboral”, dijo por correo electrónico Karoline Leavitt, portavoz de la transición de Trump. “Y cumplirá”.
El TPS se ha convertido en un blanco para los republicanos, que sostienen que se ha concedido con demasiada liberalidad a demasiados extranjeros y que actúa como un incentivo para que los inmigrantes vengan a Estados Unidos ilegalmente. El programa se ha ampliado agresivamente bajo el mandato de Biden.
En los últimos años, los venezolanos se han situado entre los grupos más numerosos de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México sin autorización para solicitar asilo. El programa TPS para el país sudamericano gozó inicialmente de un amplio apoyo.
Aproximadamente un millón de personas de 17 países viven en Estados Unidos bajo TPS.
Trump ha dicho en repetidas ocasiones que revocaría las protecciones del TPS y trató de poner fin al programa para varios países durante su primera administración. En octubre, hablando sobre los haitianos que viven en Ohio, le dijo a NewsNation: “Absolutamente lo revocaría y los traería de regreso a su país”.
Los inmigrantes haitianos se convirtieron en un foco de tensión y blanco de desinformación durante las elecciones después de que Trump y otros hicieran acusaciones infundadas de que los inmigrantes se estaban comiendo a las mascotas. Las protecciones para los inmigrantes haitianos expirarán en febrero de 2026.
El TPS fue establecido bajo el presidente George HW Bush como parte de la Ley de Inmigración de 1990. Su objetivo es brindar a los extranjeros que ya se encuentran en los EE. UU. protección contra la deportación en medio de conflictos políticos, desastres naturales o conflictos armados en sus países de origen.
Pero para algunas naciones, incluido El Salvador, las protecciones se han extendido durante décadas bajo múltiples administraciones.
El Salvador se incluyó por primera vez en el programa a principios de 2001, tras una serie de terremotos. Más de 230.000 salvadoreños están protegidos por el programa.
El DHS dijo que la última renovación se justificaba debido a “las condiciones continuas de los desastres ambientales que resultaron en una alteración sustancial, pero temporal, de las condiciones de vida en las áreas afectadas de El Salvador”. Citó tormentas significativas y fuertes lluvias en 2023 y 2024.
Las protecciones para los venezolanos se están extendiendo con base en la “emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el inhumano régimen de Maduro”, dijo el DHS.
Maduro juró el viernes en medio de la condena internacional por una farsa electoral y una brutal represión a la disidencia. El gobierno de Estados Unidos se encuentra entre los muchos que lo han acusado de tomar el poder ilegalmente después de perder las elecciones.
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