MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
La máxima corte de Guatemala determinó que el presidente Jimmy Morales debe someter a la aprobación del Congreso cualquier acuerdo que pudiera convertir a la nación centroamericana en tercer país seguro para migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos y no tomar esa decisión unilateralmente.
La Corte de Constitucionalidad decidió la noche del domingo aceptar la petición de un grupo de excancilleres, el procurador de derechos humanos y de activistas para evitar que Morales decida por sí mismo aceptar la demanda de Estados Unidos para que Guatemala se convierta en tercer país seguro.
"Corresponde al Congreso de la República de Guatemala aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios internacionales, cuando afecten el dominio de la Nación", dijo el portavoz de la Corte, Martín Guzmán, a periodistas.
Morales pospuso el domingo una reunión programada para el lunes en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir sobre migración y seguridad y en la que, de acuerdo a fuentes de ambos gobiernos, podría haber firmado el pacto de tercer país seguro.
Al anunciar la reprogramación del encuentro bilateral, el gobierno guatemalteco dijo que no contemplaba firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro "en ningún momento".
La semana pasada se dio a conocer que cuatro excancilleres y un exembajador de Guatemala ante Naciones Unidas presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional para que la nación centroamericana no acepte ser país seguro para los solicitantes de asilo.
La decisión de la Corte anunciada el domingo responde a esa petición.
Entre los departamentos que se verían más afectados, según los expertos, son los departamentos ubicados al norte del país
La inflación subió 3.6% interanual, en septiembre, según el índice PCE, el preferido de la Reserva Federal para establecer su política monetaria.
El acuerdo de la empresa con Washington otorga a Estados Unidos una participación de 35% en su matriz corporativa y el derecho a comprar 20% de la producción al costo de extracción
