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Los masivos planes de empleo y el cierre temporal de negocios está disparando la tramitación de estas peticiones en las entidades
La tramitación de solicitudes de aplazamiento del pago de hipotecas está concentrando buena parte del trabajo diario del personal adscrito a la red comercial de la banca, gran parte del cual trabaja en remoto durante el estado de alarma.
Apenas un mes después de que el Gobierno aprobara una moratoria hipotecaria de tres meses para colectivos que hayan visto empeorar sensiblemente su situación económica por el Covid-19, más de 85.000 deudores han solicitado ya a su banco un aplazamiento del pago del préstamo, según los datos recabados entre la gran banca y entidades medianas.
Esta cifra no sólo incluye a quienes han solicitado acogerse a la medida extraordinaria aprobada por el Gobierno, cuyos requisitos son muy estrictos, sino también a quieres aspiran a beneficiarse de la carencia de hasta 12 meses en el pago del capital (que no de los intereses) que ofrecen buena parte de los bancos adheridos a la AEB y la Ceca.
En ambos casos, las ayudas sólo pueden pedirse para hipotecas sobre vivienda habitual, aunque Santander también lo ofrece para segundas residencias.
CaixaBank, el primer banco por volumen de negocio en España tras absorber varias cajas de ahorros, ha recibido hasta la fecha cerca de 50.000 solicitudes de aplazamiento de pago, según fuentes cercanas a la entidad. Bankia, otro de los grandes, está tramitando más de 8.000 peticiones. Santander ha recibido unas 15.000. Bbva no facilita este dato. En el caso de Sabadell, exclusivamente para intentar acogerse a la moratoria ofrecida por el Gobierno, la entidad ha recibido 2.000 solicitudes con toda la documentación en regla.
En la banca mediana, el número de peticiones totales oscila entre las 1.500 de Bankinter y las 3.000 de Unicaja.
Según fuentes del sector, sólo estamos al principio de una avalancha si se confirma la previsión de que la tasa de paro superará 20%.
Para acceder a la ayuda del Gobierno, el hipotecado debe cumplir de manera simultánea cuatro requisitos, según recoge el Real Decreto-ley. El primero, haber entrado en desempleo con la crisis o haber perdido más de 40% de las ventas en caso de autónomos y profesionales. Ademas, la cuota hipotecaria, más pago de suministros, debe superar 35% de los ingresos de la unidad familiar. El tercer requisito es que los ingresos totales sean inferiores a tres veces el Iprem (537 euros/mes). Por último, el esfuerzo que representa la carga hipotecaria debe haberse multiplicado por 1,3 veces por culpa de la crisis.
La carencia de hasta 12 meses en el pago del capital que ofrecen muchas entidades de manera adicional no tiene unos requisitos concretos, sino que el estudio es individualizado. Una de las pocas que lo tiene tasado es Bankinter. Ofrece el aplazamiento a trabajadores afectados por ERE o por Erte y a autónomos cuya actividad esté paralizada por culpa de la crisis.
Algunos bancos van a instrumentar esta ayuda mediante préstamos personales o alargamiento de plazos, entre otras fórmulas. Las entidades dicen que estos cambios no llevarán costes asociados.
En España hay entre siete y ocho millones de hipotecas en vigor.
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