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Protestas en Argentina
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Ante una plaza repleta, la comunidad universitaria denunció el “desprecio institucional” del Gobierno por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe es el contrato social que nos mantiene libres”. Con esa definición, las universidades públicas cerraron este martes la multitudinaria Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo, donde docentes, estudiantes, investigadores y autoridades académicas denunciaron el desfinanciamiento del sistema educativo y acusaron a Javier Milei de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
El documento consensuado por las casas de estudio sostuvo que el ajuste ya provocó una caída real del 45,6% en las transferencias a las universidades nacionales entre 2023 y 2026, mientras los salarios perdieron más de 37% de poder adquisitivo.
“Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, advirtieron los organizadores ante una Plaza de Mayo colmada, en una movilización que volvió a reunir a todo el arco universitario contra la política presupuestaria del Gobierno.
Durante el acto central, rectores, gremios docentes y federaciones estudiantiles coincidieron en que la situación presupuestaria “es crítica” y atraviesa todas las áreas del sistema universitario.
El documento difundido al cierre de la movilización sostuvo que las universidades atraviesan “un deterioro alarmante” producto del ajuste aplicado por el Gobierno nacional, con impacto directo en salarios, becas, investigación y funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Uno de los puntos más duros del texto estuvo dirigido a la situación salarial. Según denunciaron, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue de 293,3%, mientras que los aumentos salariales llegaron a 147,3%, lo que implicó una pérdida de 37,13% del poder adquisitivo para docentes y no docentes. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, señalaron.
La protesta también puso el foco en el deterioro de las políticas de asistencia estudiantil. El documento alertó que las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación y que las Becas Manuel Belgrano atraviesan un escenario de “incertidumbre y desfinanciamiento”, situación que —advirtieron— profundiza las desigualdades y expulsa estudiantes del sistema universitario.
En otro tramo, la declaración vinculó el conflicto universitario con una discusión más amplia sobre el rol del Estado y la democracia. “La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país”, señalaron los organizadores, que además reclamaron a la Corte Suprema que intervenga para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
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