Las reformas penales que quedaron sin efecto tras la declaratoria de inconstitucionalidad

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador tumbó dos proyectos de ley al considerar que tanto la Presidencia como el Legislativo incurrieron en vulneraciones legales durante su trámite, al incumplir la urgencia económica, la unidad de materia y los principios de deliberación.

Con la decisión, todas las normas y reformas impulsadas por Acción Democrática Nacional (ADN) pierden vigencia. No obstante, dado el amplio número de temas incluidos en los textos, los jueces resolvieron que la retroactividad de la medida solo aplicara a la ejecución de las penas establecidas en la Ley de Integridad Pública.

En total, las dos iniciativas habían introducido 34 reformas al Código Integral Penal. La mayoría de ellas buscaban regular las actuaciones de las autoridades en un contexto de conflicto armado interno, así como los delitos vinculados y los procesos y sanciones correspondientes.

Adicionalmente, se incluyeron bloques completos de propuestas para crear nuevos delitos o endurecer las penas relacionadas con el manejo ilegal de hidrocarburos y sus derivados, así como con las actividades en distintas etapas de ese sector y de los servicios que ofrece.

Sin embargo, la premura por sumar reformas penales incluso en leyes de servicio público y contratación pública dejó en evidencia una improvisación legislativa que terminó por pasarle factura al oficialismo, no solo en la forma sino también en el contenido.