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Las fundaciones y asociaciones civiles que reciban donaciones o aportes de terceros superiores a US$10.000 mensuales deberán implementar las recomendaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) para conocer el origen los fondos recibidos.
Así lo dispuso la Inspección General de Justicia, que establece la "obligatoriedad" de las fundaciones de presentar "una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos" que reciben como "donaciones o aportes de terceros". La norma responde a la resolución 30 de la UIF que regula las medidas y procedimientos que las personas jurídicas deberán observar.
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