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Las medidas reveladas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos buscan contrarrestar la decisión de una corte federal que tumbó la primera jugada de Donald Trump para bloquear a los inmigrantes indocumentados.
Una de las decisiones más importantes es el fortalecimiento de la Oficina de Detención y Deportación (ICE) con 10.000 nuevos miembros, así como otros 5.000 en la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Otra decisión importante que viene con la reforma a la política migratoria del presidente Trump es el cambio en los tiempos y las delimitaciones para las deportaciones.
Antes de esta modificación, las expulsiones no se podían ejecutar si los inmigrantes identificados estaban luego de 100 millas de la zona de frontera o pasados 14 días de su ingreso al país.
Ahora, se eliminan estas restricciones y se expande la categoría de extranjeros que están sujetos a la expulsión acelerada, a cualquier lugar del país, y aplica a quienes lleven menos de tres años en el país, lo que para Javier Garay, profesor de la Universidad Externado, es el uso de un vacío en la Constitución de Estados Unidos, que no menciona a los inmigrantes.
“Todos los presidentes han aprovechado que no hay una estipulación de quién debe legislar sobre los temas migratorios, el Congreso no ha querido legislar y no se pueden esperar buenas decisiones”, lamentó Garay.
La tercera medida que traen las ordenes ejecutivas tiene que ver con la devolución de los inmigrantes capturados a los países contiguos desde los cuales ingresaron, siempre y cuando no representen un riesgo para la seguridad nacional y mientras se conoce el resultado de la expulsión oficial.
Otra decisión dada a conocer por la presidencia de Trump contempla procesos penales por delitos relacionados con inmigración ilegal, así como el procesamiento de los menores de edad que sean encontrados en la zona de frontera sin la compañía, para prevenir el tráfico ilegal.
Sobre estas medidas, el profesor de geopolítica de la Universidad Eafit, Oscar Medina, dijo que se deben evaluar desde dos puntos de vista: el del inmigrante y el del Gobierno, que busca fortalecer su seguridad.
Medina cree que “si nos ponemos en el punto de vista del ilegal, hay elementos muy justos, pueden haber contribuido con el país y por estar dos años indocumentado podría salir de forma radical”.
“Pero, si la decisión la vemos desde el país, son personas ilegales y hay que generar el proceso de deportación”, consideró el profesor.
Además de esto, los documentos vuelven a poner sobre la mesa el muro fronterizo “y establecer los requisitos para poseer la totalidad del costo de este proyecto”. Sin embargo, los analistas creen que este documento sufrirá nuevas demandas, que podrían bloquear las intenciones del presidente Trump.
Se identificarán las ayudas que se hacen a México
Las órdenes ejecutivas reveladas por el gobierno de Estados Unidos señalan que “el Presidente ordenó a los jefes de todos los departamentos ejecutivos para identificar y cuantificar todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta al gobierno de México”, actividad a la que se dedicará el Departamento de Seguridad Nacional. Este identificará “todas las fuentes de ayuda para cada uno de los últimos cinco años fiscales”. Adicionalmente, se “llevará a cabo un estudio exhaustivo de la seguridad de la frontera sur”, que incluirá operaciones por aire, tierra y mar, para identificar puntos débiles.
Las opiniones
Óscar Medina
Profesor de geopolítica de la universidad Eafit
“Las aprobaciones de estos documentos deberían ir por la vía legal. Si los detenidos son ilegales no tienen derecho al debido proceso”.
Javier Garay
Profesor de la Universidad Externado
“El problema es que van a seguir los intentos de persecución. Todos los presidentes han aprovechado que no hay una orden sobre quién debe legislar el tema de migración”.
https://www.dhs.gov/news/2017/02/21/fact-sheet-enhancing-public-safety-interior-united-states
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