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Deforestación.
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La vicecanciller Valeria Csukasi dijo que es un “reconocimiento” a la gestión ambiental y productiva, quedar en “riesgo bajo” da un “estatus diferente”
La Comisión Europea publicó este jueves la clasificación de países cuyas exportaciones a la Unión Europea puedan generar deforestación en origen.
El bloque dio a conocer una lista y clasificó a Uruguay dentro de los de “riesgo bajo”, algo que fue celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Yamandú Orsi.
La vicecanciller Valeria Csukasi dijo a El Observador que es un “reconocimiento” a la gestión ambiental y productiva de Uruguay, por lo que quedar en “riesgo bajo” da un “estatus diferente”. El otro país latinoamericano ubicado en esta categoría es Chile.
“En la práctica implica que solo 1% de los cargamentos de mercadería procedente de Uruguay se va a inspeccionar. Para los de riesgo medio la inspección es de 3% de los embarques, lo que agrega una complicación al flujo normal de comercio”, agregó la diplomática.
La normativa –que afecta a la producción y exportación de ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles– forma parte esencial de la Ley contra la Deforestación Importada de la UE, una norma medioambiental clave del Pacto Verde Europeo aprobada en la pasada legislatura comunitaria.
Según informó la agencia EFE, el objetivo de la ley europea es evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación, ya que entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca de 10 % es atribuible al consumo europeo.
Las compañías que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales allí donde se han obtenido los recursos.
Las grandes empresas y operadores tendrán que cumplir con la normativa a partir del 30 de diciembre de 2025 y las pequeñas empresas tienen hasta el 30 de junio de 2026 para adaptarse.
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