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Mina Curipamba - Ecuador
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Además de esta medida, el Gobierno ecuatoriano contempla ajustes en el régimen fiscal minero con el objetivo de incrementar la recaudación del Estado
El sector minero en Ecuador se prepara para una nueva etapa a partir de 2026, impulsada por la reactivación del catastro minero, un sistema que permitirá nuevamente la asignación de concesiones para proyectos de exploración y explotación a gran escala. Este registro había estado cerrado durante varios años por conflictos sociales y ambientales, pero ahora vuelve de forma progresiva.
La reapertura comenzó a mediados de 2025, inicialmente enfocada en actividades de pequeña minería no metálica, como canteras de piedra y caliza. Sin embargo, el proceso ha generado controversia, ya que se han presentado solicitudes sobre áreas que en realidad tienen alto potencial para minería metálica, lo que podría dificultar futuros proyectos de gran escala. A esto se suma el atraso en la resolución de trámites que llevan casi una década sin definirse, generando incertidumbre entre inversionistas y operadores del sector.
En paralelo, varios proyectos industriales de minería se encuentran en fase de desarrollo con miras a entrar en operación en 2026. Uno de ellos es Curipamba – El Domo, ubicado en la provincia de Bolívar, que producirá cobre, oro y plata. Otro proyecto significativo es La Plata, en Cotopaxi, cuya construcción depende de la obtención de su licencia ambiental. También está el desarrollo del yacimiento Cangrejos, en El Oro, que se perfila como una de las minas de oro más grandes del país por el tamaño de sus reservas.
Uno de los aspectos más sensibles que se abordará en los próximos años es la reubicación de comunidades asentadas en zonas donde se ejecutarán proyectos mineros. Un caso emblemático es el del proyecto Cascabel, en Imbabura, donde se prevé el traslado de una comunidad entera para permitir el avance de la explotación de cobre. Este sería el primer caso formal en Ecuador de desplazamiento de una población por una operación minera a gran escala, lo que ha generado debate social y ambiental.
Además, el Gobierno contempla ajustes en el régimen fiscal minero con el objetivo de incrementar la recaudación del Estado. Entre las medidas previstas están la revisión de incentivos tributarios y una reforma integral al esquema de cobro de impuestos y regalías del sector. Estos cambios hacen parte de un paquete de reformas mayores acordadas dentro del marco de consolidación fiscal del país.
En conjunto, la reapertura del catastro minero, el avance de nuevos proyectos y los cambios en las reglas fiscales marcan un punto de inflexión para la minería en Ecuador, en medio de tensiones entre desarrollo económico, impacto ambiental y derechos de las comunidades.
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