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La detención de los funcionarios es una de las mayores desde que en 2017 la Fiscalía realizó por varios meses la captura de ejecutivos
La Policía Anticorrupción de Venezuela detuvo a un funcionario, dos jueces y un alcalde por casos de corrupción, dijo el lunes la televisora estatal, en inusuales operativos dentro del oficialismo.
El cuerpo de seguridad dijo en un comunicado divulgado por la televisión oficial que habían sido capturados el superintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez, y los jueces Cristóbal Cornieles y José Márquez García, además de Pedro Hernández, alcalde de Las Tejerías, una zona al centro del país que a fines del pasado año sufrió daños por inundaciones.
No se han revelado oficialmente ni los cargos ni los casos específicos de corrupción en los que estarían involucrados los detenidos. Este tipo de operativos, que comenzaron el viernes, son poco frecuentes en la administración pública de Venezuela, marcada por la opacidad de sus gestiones, según grupos no gubernamentales como Transparencia Internacional.
La Fiscalía General dijo en un comunicado el domingo en la noche que nombró a cinco fiscales para investigar los casos y agregó que los "ilícitos corresponden a distintas ramas del Poder Público e implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional", pero no ofreció detalles.
Joselit Ramírez, quien desde 2018 estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), encargada de la oferta del petro -la moneda digital venezolana-, fue destituido y el presidente Nicolás Maduro designó una junta para reestructurar la cartera, según la Gaceta Oficial divulgada el sábado.
Ramírez estaría siendo investigado por casos vinculados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según reportes del diario Últimas Noticias, cercano al gobierno.
La detención de los funcionarios es una de las mayores desde que en 2017 la Fiscalía realizó a lo largo de varios meses la captura de ejecutivos e imputó a dos expresidentes de PDVSA.
En 2018, el Ministerio Público también solicitó la captura de funcionarios de la petrolera por irregularidades administrativas que afectaron las operaciones de los mejoradores de crudo.
La entidad explicó que la decisión se adoptó tras un análisis técnico, legal, financiero, ambiental y social que se extendió por nueve meses
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