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Los datos muestran un patrón común: para una gran parte de la población, tener pocos recursos económicos es aún motivo de exclusión
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En América Latina, la pobreza no solo representa la falta de ingresos o de oportunidades. Para millones de personas también significa enfrentar prejuicios, exclusión y un trato desigual. Así lo refleja el Latinobarómetro, una encuesta realizada a más de 15.000 personas en 18 países de la región, que preguntó cuál es el grupo que consideran más discriminado en su país. La respuesta fue que en la mayoría de las naciones, las personas señalaron a los pobres como quienes más sufren discriminación.
Los resultados muestran que en 14 de los 18 países analizados, la pobreza ocupa el primer lugar entre las causas de discriminación percibidas por la ciudadanía. Solo Brasil, Colombia y Panamá identifican principalmente la discriminación por raza o etnia, mientras que en Nicaragua la respuesta más frecuente fue que ningún grupo es el más discriminado. La encuesta evidencia que, para gran parte de los latinoamericanos, la exclusión social está estrechamente ligada a la condición económica.

Paraguay encabeza la lista, donde 54% de los encuestados considera que las personas pobres son el grupo más discriminado. Le siguen Bolivia, con 49%; Perú, con 41%; México, con 39%; y El Salvador y Guatemala, ambos con 37%. Más abajo aparecen Venezuela, con 35%; República Dominicana y Costa Rica, con 31%; Honduras, con 29%; Ecuador, con 28%; Argentina, con 27%; Brasil y Chile, con 25%; Uruguay, con 22%; Nicaragua, con 20%; Colombia, con 19%; y Panamá, con 18%.
Aunque cada país tiene una realidad distinta, los datos muestran un patrón común: para una gran parte de la población, tener pocos recursos económicos continúa siendo un motivo de exclusión. Esa percepción no se limita al acceso al empleo o a los servicios, sino que también está relacionada con la forma en que las personas son tratadas en la vida cotidiana.
En Colombia, sin embargo, la percepción es diferente. 33% de los consultados considera que el grupo más discriminado corresponde a las personas por su raza o etnia, mientras que 19% menciona a quienes viven en condición de pobreza. Una situación similar se observa en Panamá, donde 35% identifica la discriminación racial como la principal, y en Brasil, donde esa cifra asciende a 53%, la más alta de toda la encuesta para esta categoría. Estos resultados muestran que, aunque la desigualdad económica atraviesa toda la región, en algunos países el componente racial tiene una mayor visibilidad.
Elkin Rubiano, sociólogo y director de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, afirma que en América Latina la desigualdad económica no solo determina quién tiene más o menos recursos, sino que también influye en el reconocimiento social y en las oportunidades que reciben las personas. “En América Latina la desigualdad económica no solo distribuye de manera desigual los recursos: también distribuye prestigio, reconocimiento y posibilidades de ser escuchado. La pobreza termina convirtiéndose en una marca social que se lee en el barrio donde se vive, la manera de hablar, la educación, la ropa o el tipo de trabajo. Además, muchas veces la discriminación de clase encubre otras desigualdades raciales, étnicas y territoriales”, explica.
El investigador señala que la desigualdad termina construyendo jerarquías sociales que van mucho más allá del dinero. En sociedades con grandes diferencias económicas, quienes tienen menos ingresos suelen ser percibidos de manera injusta, como si tuvieran menos capacidades o menos valor dentro de la sociedad. “En sociedades extremadamente desiguales, las diferencias económicas terminan convirtiéndose en jerarquías sociales. No se trata únicamente de que unas personas tengan más que otras, sino de que quienes tienen menos pueden ser considerados menos competentes, menos respetables o incluso menos merecedores de derechos. La desigualdad material produce también desigualdad simbólica”, sostiene.
Para Rubiano, que la pobreza aparezca como la principal causa de discriminación tiene efectos positivos y negativos. Por un lado, permite reconocer una forma de exclusión que afecta diariamente a millones de personas. Sin embargo, también puede hacer que otras formas de discriminación, como el racismo, el sexismo o la discriminación territorial, pasen a un segundo plano, pese a que muchas veces están estrechamente relacionadas.
“El riesgo es naturalizar la desigualdad y terminar responsabilizando al pobre de una condición producida socialmente”. Considera que es necesario reducir las desigualdades que la generan mediante políticas públicas que garanticen educación y salud de calidad, empleo digno, acceso a vivienda, transporte y un sistema tributario redistributivo.
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