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El gobierno panameño ordenó el lunes a la empresa detener las operaciones en su mina insigne Cobre Panamá tras plazo cumplido
La minera canadiense First Quantum Minerals y su subsidiaria Minera Panamá iniciaron procesos de arbitraje contra Panamá, dijo el sábado el Ministerio de Comercio e Industrias de la nación centroamericana, en momentos que ambas partes están involucradas en un desacuerdo sobre pagos y operaciones mineras.
El gobierno panameño ordenó el lunes a First Quantum detener las operaciones en su mina insigne Cobre Panamá después de que se cumpliera el plazo para firmar un acuerdo de inicios de año que contemplaba un incremento del pago de regalías a un mínimo de US$375 millones.
"A pesar del acuerdo de ambas partes en reunirse, First Quantum y Minera Panamá adelantaron gestiones para iniciar dos procesos de arbitraje contra Panamá", dijo el ministerio en un comunicado, sin dar más detalles.
El viernes, un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas del país dijo que Panamá busca un acuerdo "justo" en el que la empresa cumpla con las obligaciones que exigen sus grandes operaciones. First Quantum no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Uno de los procesos de arbitraje se inició en virtud de un contrato de 1997, que regula sus operaciones, y el otro en el marco del tratado de libre comercio entre Canadá y Panamá, agregó el gobierno.
El gobierno ha estado y seguirá trabajando con las firmas de abogados Squire Pato Bogas y Allende & Overy para resolver las disputas, dijo un vocero del ministerio panameño. Las firmas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Panamá pedía un plan de mantenimiento para el cese de operaciones comerciales de la empresa, que se considera la mayor inversión privada en el país centroamericano y representa aproximadamente 3,5% de su producto interno bruto.
La resolución que ordena a Minera Panamá a ejecutar un plan de cuidado y mantenimiento para la mina "se mantiene vigente y el gobierno fiscalizará su pleno cumplimiento", añadió la nota oficial.
La falta de información y de financiación estatal para el proceso podría descarrilar la amnistía masiva anunciada por el Gobierno
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