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Brigadas de salud voluntarias reportaron al menos catorce heridos, entre ellos tres periodistas, quienes fueron impactados mientras documentaban los hechos
La juventud menor de 30 años en Perú, conocida como la generación Z, que suma casi siete millones de personas, ha salido a protestar en Lima y otras regiones bajo el lema “Unidos por un Perú que merecemos”. En contraste con las manifestaciones lideradas en 2022-2023 por comunidades ciudadanas de la sierra sur, y en 2024 por gremios de transporte afectados por extorsión, esta vez es este grupo joven el que toma protagonismo.
El impulso inicial fue una reforma a la ley de pensiones que pretendía que los trabajadores independientes comenzaran a hacer aportes a las AFP desde 2028, además de restringir el retiro de 95,5 % del fondo de pensiones para quienes tuvieran menos de 40 años. Aunque tanto el Ejecutivo como el Congreso dieron marcha atrás en esas modificaciones y aprobaron un nuevo retiro de fondos para calmar los ánimos, las movilizaciones no se detuvieron.
En el centro de Lima se desplegaron unos cinco mil policías para contener las protestas; la respuesta oficial incluyó el uso de gases lacrimógenos y perdigones, especialmente en la plaza San Martín, donde se estableció un perímetro de seguridad para impedir el ingreso y la salida de personas. Brigadas de salud voluntarias reportaron al menos catorce heridos, entre ellos tres periodistas, quienes fueron impactados mientras documentaban los acontecimientos.
La Policía, por su parte, reconoció que doce de sus miembros resultaron heridos y defendió su actuación bajo el argumento de restablecer el orden público con medios legales. También informó de daños materiales: incendios en la fachada de la Corte Superior de Justicia de Lima, destrozos en el Palacio de Justicia y otras afectaciones en espacios públicos.
Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando un hombre de civil, identificado por testigos como un policía infiltrado, disparó al aire ante los manifestantes y huyó al verse descubierto.
La protesta se produce en un contexto político ya muy convulso: recientemente se suspendió por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no reinstalar a su antecesora, Patricia Benavides, acusada de dirigir una organización criminal en el Ministerio Público. Además, Espinoza había pedido declarar ilegal al partido Fuerza Popular, al que se le imputan acciones antidemocráticas.
Analistas advierten además sobre un comunicado oficial del Ejecutivo que defendía al partido fujimorista, interpretado como la expresión de una alianza tácita entre ese grupo y el gobierno actual. También se filtró un audio de 2024 en el que alguien identificado como Juan José Santiváñez supuestamente pide al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, que interceda por un delincuente de alto rango; ambos lo niegan.
En medio del clima de tensión, Dina Boluarte obtuvo autorización del Congreso para viajar a Nueva York y asistir a la Asamblea General de la ONU. Mientras tanto, la bandera del anime One Piece, símbolo recientemente adoptado por los manifestantes, parece que seguirá ondeando en las calles en los días venideros.
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