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La Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, DC.
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La orden significa que los funcionarios evitarán los plazos que se acercan rápidamente y que les exigen revelar información sobre quién trabaja para Doge
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente una orden de un tribunal inferior que obligaría al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk a entregar documentos a un grupo de control y poner a un alto funcionario a disposición para testificar.
La orden del viernes, en medio de una controversia sobre si la oficina está amparada por las leyes estadounidenses de registros públicos, representa una victoria preliminar para la administración Trump. Sin dar explicaciones, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, accedió a la solicitud del gobierno de una suspensión administrativa mientras los jueces deciden si adoptan una pausa más prolongada. No especificó cuándo podría ocurrir.
La orden significa que los funcionarios estadounidenses evitarán por ahora los plazos que se acercan rápidamente y que les exigen revelar información sobre quién trabaja para Doge y qué ha estado haciendo la oficina desde que el presidente Donald Trump la creó horas después de su toma de posesión el 20 de enero.
La disputa sobre las pruebas y los testimonios forma parte de una batalla legal más amplia sobre si el Servicio Doge de EE.UU. debe considerarse una agencia federal según la Ley de Libertad de Información (FOIA). Esta ley generalmente otorga al público el derecho a acceder a una amplia gama de registros e información de la agencia, pero algunas oficinas del poder ejecutivo están exentas.
La administración Trump cuestiona que Doge esté amparada por la ley de registros públicos. Un juez federal en Washington autorizó al grupo demandante, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, a recopilar pruebas sobre la estructura y las actividades de la oficina para responder al gobierno. Esta orden desencadenó la última controversia que llegó a los jueces.
“Este es simplemente un procedimiento administrativo para que el tribunal tenga tiempo de considerar el caso, ya que la fecha límite para la presentación de pruebas se acercaba rápidamente”, declaró el viernes el portavoz de Crew, Jordan Libowitz. “Esta era una medida esperada. Esperamos que el tribunal decida sobre los méritos de la petición del gobierno después del fin de semana festivo”.
Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La orden se emitió antes de la fecha límite de la próxima semana para que la administración presente cierta información a Crew sobre Doge. Hay más plazos en las próximas semanas para que Doge entregue los registros y permita que la administradora Amy Gleason testifique bajo juramento en una declaración jurada.
Aunque Musk ha sido la cara pública de Doge, él y los funcionarios de la Casa Blanca han negado que ocupe un puesto formal dentro de la oficina o que tenga autoridad para ordenar a las agencias que lleven a cabo la agenda de reducción de costos del presidente.
El juez de distrito estadounidense Christopher Cooper en Washington dijo anteriormente que probablemente concluiría que Doge está cubierto por la ley de registros, pero aún no ha tomado una decisión final.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó el esfuerzo de la administración para bloquear la orden de Cooper que permite a Crew recolectar evidencia, un proceso también conocido como descubrimiento, a principios de este mes.
El Departamento de Justicia afirmó que la orden que permite a Crew exigir información e interrogar a Gleason violaba las protecciones de separación de poderes de la Constitución, “someter a un órgano asesor presidencial a un descubrimiento intrusivo y amenazar la confidencialidad y la franqueza de su asesoramiento”.
Los abogados de Crew argumentaron que la administración intentaba eludir el tema del descubrimiento y lograr que los jueces se pronunciaran sobre la cuestión central del estatus de Doge bajo la Ley de Libertad de Información.
El grupo argumentó que el gobierno quería que los tribunales se sometieran ciegamente a la postura del poder ejecutivo sobre si ciertos cargos están cubiertos por la ley y que facultaran a los presidentes para eludir leyes cruciales de transparencia.
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