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Alexandre de Moraes, juez de la Suprema Corte de Brasil
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A principios de julio, Moraes suspendió tanto el decreto del gobierno como la orden del Congreso que lo anuló. Posteriormente, el gobierno apeló ante la Corte Suprema para preservar la legislación
La Corte Suprema de Brasil confirmó gran parte del decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aumentó los impuestos a las transacciones financieras, proporcionando al atribulado izquierdista un impulso fiscal antes de las elecciones del próximo año.
La decisión, dictada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes el miércoles por la noche, restablece la mayor parte del llamado impuesto IOF, cuyos aumentos el Congreso votó por revocar en junio. Moraes anuló solo una medida relacionada con la tributación de las operaciones de financiamiento de la cadena de suministro, conocidas como "forfait".
El Ministerio de Hacienda de Brasil había proyectado inicialmente ingresos de 12.000 millones de reales (US$2.200 millones) este año y 31.000 millones de reales en 2026 gracias al aumento del impuesto IOF. Ahora estima que la sentencia del tribunal reducirá esas cantidades en 450 millones de reales en 2025 y 3.500 millones de reales en 2026.
Aun así, la decisión del tribunal fue inmediatamente aclamada como una victoria por el gobierno de Lula. "Contribuye al restablecimiento de la armonía entre los poderes del Estado y destaca la importancia del diálogo para el retorno a la normalidad institucional en el país", declaró el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Durante meses, Lula y el Congreso han estado enfrentándose por el plan IOF, que se ha vuelto clave para los esfuerzos del ministro de Finanzas, Fernando Haddad, por lograr un presupuesto equilibrado este año.
A principios de julio, Moraes suspendió tanto el decreto del gobierno como la orden del Congreso que lo anuló. Posteriormente, el gobierno apeló ante la Corte Suprema para preservar la legislación, alegando que el intento de los legisladores de bloquearla era inconstitucional.
Una audiencia conciliatoria entre ambas partes terminó sin resolución el martes, dejando la decisión en manos del juez Moraes.
El gobierno ha advertido que sin los ingresos generados por el decreto, se vería obligado a detener desembolsos adicionales que se suman a los miles de millones de dólares en fondos que ya había congelado para equilibrar sus cuentas.
Lula, un ex sindicalista, aprovechó la disputa por el aumento de impuestos para afirmar que su gobierno estaba trabajando para proteger a los trabajadores brasileños, mientras que sus oponentes en el Congreso trabajaban en nombre de los intereses de los ricos.
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