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Rescate de migrantes. Foto: Reuters
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Más de 132.000 inmigrantes han llegado a Italia en barco en lo que va de año, frente a los cerca de 69.000 del mismo periodo de 2022
Un plan alemán para financiar a organizaciones benéficas que ayudan a los inmigrantes en el Mediterráneo plantea dificultades a Italia, declaró el domingo el ministro de Defensa, Guido Crosetto, mientras Roma intenta aplicar medidas más estrictas para frenar el flujo de llegadas por mar.
Tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación italianos, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán dijo el viernes que Berlín estaba poniendo en marcha un programa parlamentario de apoyo financiero tanto para el salvamento marítimo civil como para proyectos en tierra.
"Hemos recibido varias solicitudes de financiación. La revisión de las solicitudes ya se ha completado en dos casos", dijo el portavoz a Reuters, precisando que la financiación ascendía a entre 400.000 y 800.000 euros (US$426.000 y US$852.160) para cada proyecto.
El italiano Crosetto declaró al diario La Stampa que Roma consideraba "muy grave" la medida alemana, añadiendo que su Gobierno estaba comprometido, en cambio, a luchar contra los contrabandistas de personas, que, según él, deberían ser tratados como "criminales internacionales".
"Berlín pretende no darse cuenta de que, al hacerlo, causa dificultades a un país que en teoría debería ser amigo", dijo Crosetto, miembro de alto rango del partido Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni.
El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán afirmó que el rescate de personas en el mar es un "deber legal, humanitario y moral".
Los últimos datos del Ministerio del Interior muestran que más de 132.000 inmigrantes han llegado a Italia en barco en lo que va de año, frente a los cerca de 69.000 del mismo periodo de 2022.
El sábado, la organización benéfica SOS Humanity dijo en un comunicado que recibiría unos 790.000 euros del gobierno alemán.
Italia, que mantiene una línea dura contra la inmigración ilegal, dijo esta semana que aumentaría el número de centros de detención para retener a los inmigrantes antes de su posible repatriación y alargaría el tiempo que pueden estar detenidos.
El gobierno también dictaminó que tendrán que pagar para evitar la detención mientras se tramita su solicitud de protección, lo que suscitó fuertes críticas de grupos de derechos humanos.
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