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Los proyectos que están desarrollando Adventus Mining Corp. y Dundee Precious Metals Inc. recibirán US$1.000 millones
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La minería ilegal generalizada ha puesto a la industria bajo presión imponiendo un importante coste medioambiental y humano
La incipiente industria minera de Ecuador ve una salida al violento caos que azota al país, al tiempo que se espera que las minas en operación y los proyectos de desarrollo continúen según lo planeado después de intensificar las medidas de seguridad.
Las minas propiedad de Lundin Gold Inc. y la china Tongling Nonferrous Metals Group Co. continúan produciendo oro y cobre a su ritmo habitual, incluso cuando los residentes deben refugiarse en sus casas en una guerra contra las bandas de narcotraficantes declarada por el presidente Daniel Noboa, dijo la jefa de la cámara minera María Eulalia Silva. Los proyectos que están desarrollando Adventus Mining Corp. y Dundee Precious Metals Inc. recibirán US$1.000 millones a medida que se acerquen a la producción.
“Hay un aumento del coste de producción debido a los problemas de seguridad, pero esos millones se han recaudado en bolsa y están a la espera de ser invertidos en los próximos proyectos, que tienen que salir adelante pronto, esperamos que este año”, dijo Silva en una entrevista a última hora del miércoles.
Las imágenes de motines en las cárceles, policías tomados como rehenes y pistoleros enmascarados que se apoderaron de una emisión de televisión en directo suponen un obstáculo más para que Ecuador ocupe finalmente su lugar como gran nación minera. Pero no es un obstáculo insalvable, dijo Silva. Ninguna empresa ha decidido retirarse debido a la crisis de seguridad, y el sector está colaborando estrechamente y sin problemas con las autoridades, añadió.
Aun así, la minería ilegal generalizada ha puesto a la industria bajo presión, empañando su reputación e imponiendo un importante coste medioambiental y humano.
Las medidas de emergencia de Noboa, que permiten a policías y soldados usar la fuerza letal contra las bandas, “es la forma de detener y desenmascarar a esos grupos que intimidan a la industria formal y responsable”, dijo Silva. “Son narcomineros, no mineros ilegales”.
Aparte de la violencia, el entorno normativo del país ha experimentado algunas mejoras recientes. La Corte Constitucional ayudó a aclarar las normas que rigen el consentimiento previo para los proyectos mineros, y la concesión de permisos se ha acelerado en el Ministerio de Medio Ambiente, dijo.
Noboa ha incluido dos reformas favorables al mercado en una lista de preguntas para un referéndum nacional, pidiendo a los votantes que aprueben los contratos de trabajo temporales y el arbitraje internacional, que probablemente se decidirá en marzo.
Sin embargo, la formulación por parte del Gobierno de una pregunta sobre la minería ilegal, que permite revocar concesiones en zonas consideradas de “interés nacional”, es arriesgada y equivocada, dijo Silva. “Revocar concesiones debidamente otorgadas no detendrá la minería ilegal”, mientras que la Constitución de Ecuador no incluye el interés nacional como concepto legal, añadió.
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