En Argentina alertan por parada de buques y una posible falta de insumos clave

A partir del Decreto 377/23 que graba las importaciones de bienes y servicios, la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) solicitó una audiencia al ministro de Economía, Sergio Massa, para solicitar que revise el impacto negativo en la actividad que representa cerca de 95% del transporte de combustibles en el país además de fertilizantes y bienes industriales.

La entidad busca que se adopten medidas "inmediatas" que permitan "corregir" el impacto, ya que, según advierten, "de lo contrario se deberá suspender la operatoria de los buques y artefactos navales afectados".

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La normativa que se publicó en el Boletín Oficial días atrás, en el marco de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que suma a las importaciones, el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (Impuesto PAÍS) implica un nuevo costo que "empeora" la ecuación económica-financiera de las empresas armadoras argentinas, explicaron desde la entidad.

En ese sentido, señalaron que el Impuesto PAÍS, que hoy se aplica a la marina mercante, impacta de manera directa a la importación de bienes en 7,5% y de servicios en 25%: "esto sin tener en cuenta los costos de financiación, que a la fecha venía siendo soportado por los armadores, en atención a los plazos de pago que se autorizan", indicaron.

En materia de costos operativos, los empresarios navieros estiman que supone aproximadamente un alza de 10%, lo que afecta "gravemente" su competitividad en un contexto donde las importaciones del sector atraviesan un "cuello de botella", por las demoras en las autorizaciones de SIRA y SIRASE, agregó en diálogo con El Cronista un directivo de la entidad.

Desventaja competitiva

"La situación, que era delicada, se complejiza", agregó. Desde FENA señalan que los buques pierden competitividad frente a otros modos de transporte, como por ejemplo el camión, que posee mayor impacto ambiental.

Además, ante buques extranjeros se genera otra barrera. "El Decreto 377/23 consagra una inadmisible y desleal desigualdad entre los servicios de fletes marítimos prestados por empresas extranjeras -que tributan 7,5% de impuesto PAIS- en detrimento de la alícuota de 25% que deben abonar las nacionales por servicios tales como el arrendamiento de buques o seguros", describe el comunicado.

En concreto, la diferenciación de la alícuota, que asciende a casi 17,5 puntos del impuesto país, "coloca al armamento nacional en una situación de desleal desventaja competitiva".

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