Hugo Chávez obliga a Venezuela a actuar contra las leyes

Por estos tiempos prosigue el deseo inefable del jefe de gobierno venezolano de abandonar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Sus argumentos, aunque valorados como coherentes y consecuentes por el oficialismo, no sólo resultan faltos de peso para una decisión de este tipo sino que además aparecen en contravía con la constitución del país.

La causa directa, o por lo menos en la que se escuda dicha determinación, es el fallo de la Corte Interamericana en relación con el caso Díaz-Peña, donde se determinó por parte de la misma que “el Estado es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña (autor de los ataques contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España, perpetrados en Caracas en 2003)”.

La situación que se vive en torno al inminente retiro de Venezuela del mencionado Sistema es realmente crítica, no sólo porque deteriora mucho más la imagen que se tiene sobre el manejo de los derechos humanos (DDHH) en el país, sino porque amplía su desprestigio internacional y limita notablemente los vínculos del Estado en desarrollo de las actividades multilaterales. Se trata pues, de un tira y afloje entre un desacreditado gobierno y un arraigado sistema.

Sobre el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos es preciso señalar que tuvo su origen en Santiago de Chile, en una Resolución de la OEA en 1959, pero que se reafirmó con la Convención Americana de 1969. A su vez, posee una completa estructura que descansa sobre dos pilares esenciales: la Corte y la Comisión, ambas interamericanas de derechos humanos. No se trata pues, de un organismo establecido con prisa ni bajo la conveniencia de un Estado particular, sino más bien de un largo proceso en procura de la defensa de los DDHH de todos los habitantes de las naciones que le ratificaron, 24 en total, incluyendo a Venezuela.

Ahora bien, la ley venezolana es clara en relación con el tema de los DDHH y las obligaciones existentes por parte del Estado frente al derecho internacional. El artículo 23 de la Constitución indica: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.” El 31, por su parte, señala que “toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines”.

Como puede verse, entonces, el actual gobierno venezolano va en dirección contraria a la ley. Primeramente desconociendo el derecho internacional; en segundo lugar, restando importancia a lo que constitucionalmente está escrito sobre el goce y protección de los DDHH. Ya las críticas por parte de opositores, académicos y partes activas de la sociedad civil recaen sobre la particular posición de Hugo Chávez. Aunque bien es cierto que todo análisis objetivo, estructurado y basado en la racionalidad de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales queda sin fundamento cuando éste actúa. Por más que se busque entenderlo, sus acciones son impredecibles.

Como consecuencia de ello, el impacto para la imagen y participación de Venezuela en el sistema internacional es trágico, por no decir lo menos. Cada vez está más aislada de las actuales tendencias internacionales, es un Estado que lucha contra la integración -a pesar de su ingreso con pleno derecho a Mercosur-, que se aleja de los compromisos que la multilateralidad le exige y que impone sus condiciones sobre la región.

Lo cierto es que el retiro de Venezuela del Sistema Interamericano (Corte y Comisión) es una clara violación a los derechos que la constitución de 1999 le da a sus nacionales. A partir de este retiro, el Gran Hermano (Estado) hará lo que considere justo, no lo que para la justicia sea justo.