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El Ejecutivo quiere acabar con la utilización de los falsos autónomos que hacen las empresas. Valerio anulará los cambios que hizo el PP en los convenios
Si consigue revalidar su mandato antes del 23 de septiembre, unos de los principales objetivos del Ejecutivo es aumentar la protección de los repartidores de empresas como Deliveroo o Glovo, entre otras empresas. El Gobierno quiere regular las condiciones laborales de estos trabajadores para terminar con los falsos autónomos. Es decir, empleados de estas plataformas digitales que se ven obligados a pagar como autónomos a la Seguridad Social si quieren trabajar para una empresa, con su disciplina laboral y sus condiciones. Reciben más del 75% de sus ingresos de una o dos empresas, de las que dependen para su trabajo, pero están obligados a cotizar a la Seguridad Social como autónomos. También deben cumplir con un número determinado de pedidos si quieren recibir más encargos.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, hizo este anuncio al terminar las reuniones que, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT en el Palacio de la Moncloa.
Valerio explicó que el Gobierno "debe abordar las sentencias de los juzgados referidas a los repartidores, ya que algunas son contradictorias, aunque las más potentes consideran que son trabajadores por cuenta ajena". El pasado 23 de julio, el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid dictaminó que los trabajadores de Deliveroo son asalariados y no autónomos. Por lo tanto, obligó a la compañía a abonar cerca de 1,2 millones de euros en cotizaciones sociales atrasadas por los más de 500 repartidores que tenía en Madrid entre 2015 y 2017.
Deliveroo anunció que recurriría la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid , y lo más probable es que todo acabe con una sentencia del Tribunal Supremo que, finalmente decida si son autónomos o asalariados.
La ministra de Trabajo también anunció que tiene intención de acometer "retoques" y "reformas parciales" sobre la negociación colectiva, que quedaron varados en el Congreso de los Diputados al final de la legislatura pasada, por la falta de respaldo parlamentario. Con ello, el Ejecutivo pretende "eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral" que aprobó en 2012 el Gobierno del PP, como adelantó EXPANSIÓN el miércoles.
Si al final de la legislatura pasada, el Ejecutivo consiguió poner en marcha el registro de jornada obligatorio en todas las empresas, si renueva mandato el Gobierno piensa acometer los siguientes cambios: restaurar la prórroga indefinida de los convenios, lo que técnicamente se conoce como ultraactividad. Se trata de que un convenio caducado siga vigente mientras no sea sustituido por otro fruto del acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Ahora, salvo un acuerdo en contrario de las partes, un convenio queda definitivamente caducado un año después de que haya vencido. El Gobierno también se propone restaurar la prioridad del acuerdo sectorial frente al de empresa.
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