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La medida busca facilitar los desplazamientos de las personas, reducir los costos de movilidad y fomentar el uso de transporte público
El Gobierno promulgó una nueva ley de modernización del transporte público que busca transformar la forma en que se moviliza la población en el país, con énfasis en la integración tarifaria, mayor control estatal y mejoras en la calidad de los servicios. Esta normativa introduce cambios estructurales para optimizar el funcionamiento del sistema de transporte urbano y metropolitano, promoviendo un esquema más ordenado y eficiente.
Uno de los principales pilares de la ley es la implementación de un sistema de integración tarifaria, que permitirá a los usuarios utilizar diferentes modos de transporte (buses urbanos, interurbanos y otros servicios autorizados) bajo una tarifa unificada o coordinada. La medida busca facilitar los desplazamientos de las personas, reducir los costos de movilidad y fomentar el uso de transporte público al hacer más conveniente el traslado entre distintas rutas y operadores.
La normativa también fortalece el rol regulador del Estado sobre el sector, otorgando a las autoridades competentes herramientas para supervisar, planificar y controlar de forma más efectiva los servicios de transporte. Esto incluye la facultad de establecer estándares de calidad, fiscalizar el cumplimiento de obligaciones por parte de los concesionarios y aplicar sanciones cuando corresponda, con el objetivo de garantizar mayor seguridad, eficiencia y responsabilidad en la prestación del servicio.
Además, la ley promueve la modernización de las flotas de transporte mediante incentivos para la incorporación de vehículos más seguros y menos contaminantes, así como estrategias para mejorar la gestión operativa y la experiencia del usuario. Se espera que estas medidas contribuyan a reducir tiempos de espera, mejorar la frecuencia y confiabilidad de las rutas, y avanzar hacia un sistema más sostenible y accesible para la población.
Con la promulgación de esta ley, el Gobierno busca poner en marcha un marco legal que permita enfrentar los desafíos del transporte público en un contexto de crecimiento urbano y demanda creciente, fortaleciendo la conectividad entre ciudades y dentro de las áreas metropolitanas, y promoviendo un modelo de movilidad más integrado, regulado y orientado al bienestar de los usuarios.
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