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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sostuvo que las medidas adoptadas buscan garantizar los servicios públicos en Cataluña
El Gobierno español aprobó el viernes un mecanismo para controlar el gasto público en Cataluña, en un intento por impedir que la administración regional destine fondos para financiar un referendo de independencia.
La pudiente región del noreste español lanzó el jueves su campaña oficial para un referendo de independencia desafiando al Ejecutivo central -que declaró ilegal el proceso- y al Tribunal Constitucional, que suspendió la votación.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sostuvo que las medidas adoptadas buscan garantizar los servicios públicos en Cataluña, porque no se puede "confiar" en unas autoridades que "no acatan la legalidad".
"No estamos sustituyendo competencias, y sí garantizando que ningún pago va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria", dijo Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las 17 comunidades autónomas (regiones) españolas pagan impuestos al Gobierno central, que después redistribuye los fondos de vuelta a las autoridades regionales para pagar la seguridad social, la policía, los servicios de emergencias y la educación a nivel local, un sistema que muchos catalanes consideran que está descompensado en su contra.
Desde julio, Hacienda exigía a la Generalitat (gobierno catalán) informes semanales para comprobar que no se destinaba dinero público a la organización del referendo, previsto para el 1 de octubre. No obstante, el vicepresidente regional, Oriol Junqueras, afirmó el jueves que esta fiscalización implica un "control político" y decidió suspenderla.
En este sentido, el portavoz del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, indicó que "el Gobierno no descarta nada. Actuamos con firmeza según actúen los secesionistas (...) con estas medidas lo que estamos haciendo es preservando el derecho de todos los catalanes".
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