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Fuerzas de seguridad en Ecuador ante la crisis de los últimos meses custodian cárceles y calles.
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El año pasado el gasto llegó a US$3.300 millones, ahora se pretende una adición que lleve el plan hasta US$3.520 millones
El Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa propuso elevar el gasto de seguridad en US$214 millones en 2024, en el contexto de una ola de violencia atribuida a las bandas narcotraficantes, y además prevé subir el impuesto al valor agregado al 15% a partir de abril.
Noboa declaró a bandas criminales como grupos terroristas el mes pasado después de la última oleada de violencia, cuando decenas de guardias de cárceles fueron tomados como rehenes y hombres armados invadieron una estación de televisión durante una transmisión en vivo.
El gasto en seguridad alcanzaría los US$3.520 millones de dólares, según la propuesta presupuestaria presentada a la Asamblea Nacional a última hora para su aprobación, frente a los US$3.300 millones gastados en 2023.
El proyecto de presupuesto para 2024 asciende a US$35.536 millones e incluye un déficit fiscal de unos US$4.800 millones, según datos del Ministerio de Economía.
Noboa, que asumió el cargo en noviembre, ha disfrutado hasta ahora de buenas relaciones con una legislatura que a menudo fue conflictiva con su predecesor, aunque inicialmente rechazó su intento de aumentar el impuesto al valor agregado al 15% para financiar la seguridad.
Utilizando una objeción parcial y el impasse de los legisladores sobre el proyecto de ley, Noboa pudo imponer un aumento permanente del impuesto al 13%, que el presidente podrá elevar al 15% cuando las necesidades económicas del país lo demande.
La medida comenzará a implementarse a partir de abril cuando los cambios aprobados este mes entren en vigencia, dijo el miércoles el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. "Vamos a empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad", dijo Vega al canal local Teleamazonas.
Ecuador destinará unos US$4.800 millones este año para el pago del servicio de la deuda pública y prevé cerca de US$11.000 millones en necesidades de financiamiento, una parte de la cual se cubrirá con deuda externa, especialmente con créditos de organismos multilaterales.
"No se ha pedido ningún crédito específico al Fondo Monetario Internacional (FMI)", dijo más tarde el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, a periodistas.
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