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La subasta para ese petróleo adicional está programada para el 28 de octubre
El gobierno de Brasil alcanzó un acuerdo con la compañía controlada por el Estado Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) por US$9.058 millones para revisar los contratos de transferencia de derechos petroleros, dijo el martes el ministro de Energía, Bento Albuquerque.
El ministro dijo a periodistas después de una reunión en Brasilia que el acuerdo abre la puerta a que el Gobierno subaste el exceso de crudo en las zonas de transferencia de derechos, una gigantesca reserva de crudo subsal frente a las costas de Río de Janeiro.
El pago a Petrobras se realizaría el 13 de diciembre. La compañía dijo que estaba al tanto de la decisión y que esperará la publicación oficial de todos los términos del acuerdo antes de hacer comentarios adicionales sobre el mercado.
El contrato de transferencia de derechos se remonta a un acuerdo de 2010 entre el Gobierno y Petrobras relacionado a una gran oferta de acciones de la empresa que habría diluido la participación del Estado.
Para mantener el control de la petrolera, el Gobierno vendió a Petrobras los derechos de más de 5.000 millones de barriles de crudo en una nueva zona de exploración por unos 74.800 millones de reales (19.430 millones de dólares). Con ese dinero, compró acciones adicionales de Petrobras.
El contrato preveía una revisión del valor del acuerdo, considerando la fluctuación de la tasa de cambio y los precios del petróleo. La revisión se ha discutido durante meses.
El regulador brasileño del sector petrolero (ANP) estima que hay alrededor de 17.000 millones de barriles de petróleo recuperable en el área, y el gobierno está buscando subastar los derechos para la exploración del exceso de petróleo.
El Gobierno espera recaudar más dinero en la subasta de lo que acordó pagar a Petrobras. La subasta para ese petróleo adicional está programada para el 28 de octubre. Las empresas que ofertan deberían compensar a Petrobras por las inversiones que la firma brasileña ya realizó en los bloques.
No obstante, el informe advierte que con frecuencia las solicitudes gubernamentales apuntan a contenido político o críticas dirigidas a los gobiernos de turno
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