Gobierno chileno propone 6% de cotización extra y cambios para los fondos de pensiones

Luego de tres meses de discusión suspendida, el gobierno entregó los detalles de los cambios que propondrá al sistema de pensiones. A través de una cadena nacional de televisión, ayer el Presidente Sebastián Piñera informó que el Ejecutivo ingresará al Congreso una indicación que supone un aumento importante en las cotizaciones previsionales- de 10% a 16% de manera gradual- y ajustes al funcionamiento de las AFP.

Los cambios ya han sido discutidos preliminarmente con parlamentarios de oposición que valoran que La Moneda haya optado por un alza de 6% de la cotización extra, aunque no concuerdan con la repartición de este porcentaje entre cuentas individuales y fondos solidarios.

La propuesta plantea 3% adicional para cada una de estas alternativas, las que se harían efectivas de manera gradual -0,5% cada año hasta totalizar el 16%- para no afectar el empleo que se verá tensionado en los años próximos por el moderado crecimiento de la economía.

De hecho, en la fórmula propuesta, el Gobierno inyectará el primer año entre US$900 millones y US$1.000 millones para subsidiar esta cotización adicional, que en régimen se considerará de “cargo del empleador”. Este subsidio es transitorio y se reducirá en el tiempo.

Este monto se suma a lo ya presupuestado para el alza del Pilar Solidario y apunta a que la agenda social llegue también a la clase media en materia de beneficios previsionales.

Adicionalmente, en el diseño de la propuesta se consideró uno de los temas más polémicos de los últimos meses: el retiro anticipado de los fondos de las cuentas individuales para hacer frente a situaciones complejas en materias de salud o financieras. En su discurso, el Presidente dijo que en casos muy excepcionales, como enfermedades terminales, se recalculará la expectativa de vida y se permitirá retirar en forma anticipada parte de los ahorros previsionales.

Estas cotizaciones adicionales serían administradas, si se aprueba la propuesta del Gobierno, por una entidad estatal autónoma que contrataría servicios de inversión a otros actores del mercado.

En la indicación, se explicitaría que no podrían ser las AFP las que compitan por estos fondos, para cumplir con la exigencia política de la oposición. Se busca que adultos mayores que tengan una dependencia severa sean beneficiados.