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El país sudamericano aprobó en 2009 una polémica norma, que apunta a limitar la cantidad de licencias de radio y televisión en manos de una misma compañía y que afecta a Clarín, un grupo con el que Gobierno ha estado enfrentado en los últimos años.
El Grupo Clarín ha resistido enérgicamente la nueva ley argumentando que viola la libertad de expresión y la propiedad privada.
"Está absolutamente claro de que (la propuesta de Clarín) está fuera de la ley", dijo en una conferencia el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella.
"Es el grupo que más lesiona la democratización de la palabra en el sentido de que es el que tiene la posición dominante", añadió Sabbatella.
El mayor grupo de medios de Argentina había presentado un plan para dividirse en seis unidades de negocios y así adecuarse a la regulación, pero el Gobierno dijo que encontró "anomalías" entre los integrantes de esas firmas que incumplirían con lo establecido en la normativa.
Clarín, un fuerte crítico de la gestión de la presidenta Cristina Fernández, controla el principal operador de televisión por cable del país, el diario de mayor tirada, las radios más escuchadas y dos de los canales de TV con mayor audiencia, entre otros activos.
El funcionario aclaró que por la tarde del miércoles se reunirá el directorio del Afsca -conformado por representantes de los principales partidos políticos de Argentina- para votar sobre la adecuación de oficio, que podría formalizarse en las próximas horas.
En caso de que se decida realizar ésta adecuación, se llamará a una licitación por las licencias en manos de Clarín que excedan el límite definido por la ley.
Se espera que el directorio del Afsca, donde el oficialismo tiene mayoría, apruebe avanzar con la adecuación.
Tras el anuncio de Sabbatella, Clarín publicó un comunicado que fue reproducido por los medios locales en el que aseguró que el Gobierno intenta "perseguir a los medios críticos y apropiarse de los que aún no pudo controlar".
"El Grupo Clarín recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación aprobado, que se ajusta estrictamente a la ley de servicios de comunicación audiovisual", señaló la compañía.
La propuesta de división voluntaria de Clarín había llegado tras una caliente batalla legal que se extendió por cuatro años y que finalizó en octubre del 2013, cuando la Corte Suprema del país austral declaró que la norma no viola la Constitución Nacional.
"Cada cosa que presentan es un intento más de hacer trampa, es un intento más de burlarse, es un intento más de simular el cumplimiento de la ley y no de cumplirla", añadió el funcionario.
Clarín, junto con otros medios opositores al Gobierno, cuestionaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el argumento de que busca acallar voces contrarias a la presidenta Fernández, quien defendió la norma como una forma de democratizar los medios y combatir su concentración.
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